Activistas piden Gobierno acabe los contratos privados de centros detención

EFE

Activistas de Arizona pidieron hoy al Gobierno federal que acabe con los contratos que conceden a empresas privadas la gestión de los centros de detención de indocumentados, entre ellos el de Eloy, en Arizona, en donde se han reportado fallecidos en los últimos años…

“El Departamento de Justicia recientemente anunció que terminará los contratos privados para cárceles federales, pero dentro de esta decisión se excluyeron los centros de detención para indocumentados”, dijo hoy a Efe Carlos García, representante del grupo Puente.
Activistas de este grupo se concentraron hoy a las afueras de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Phoenix, en la que pusieron de relieve las connotaciones que implicó la decisión del Departamento de Justicia.
“Están admitiendo que estas no son cárceles aptas para personas con cargos criminales, pero para los inmigrantes siguen estando bien, por eso le estamos pidiendo a ICE hagan lo mismo y terminen estos contratos privados”, enfatizó el activista.
El Centro de Detenciones de Eloy ha dado a conocer 13 muertes de inmigrantes indocumentados desde el año 2004, incluyendo varias calificadas como suicidios.
Una de estas muertes calificadas como suicidio fue la del mexicano José de Jesús Déniz-Sahagún, ocurrida el 20 de mayo del 2014 y que provocó que varios reos se declararan en huelga de hambre al interior del centro.
El Grupo Puente ha documentado varios casos de abusos cometidos contra inmigrantes indocumentados detenidos en este centro, incluyendo a miembros de la comunidad LGBT.
“El inmigrante indocumentado se ha convertido en un negocio monetario para estas compañías privadas”, afirmó García.
A principios de esta semana, el congresista por Arizona Raúl Grijalva y el senador Bernie Sanders enviaron una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la que pidieron terminar con los contratos privados para los centros de detención de indocumentados en el país.
De acuerdo a la misiva, alrededor de 400,000 personas son detenidas cada año por agentes de ICE, de las cuales el 62 % se encuentran dentro de centros manejados por compañías privadas.