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Advierten a inmigrantes por posibles fraudes tras decisión de la Corte Suprema

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Univisión


Activistas defensores de los inmigrantes en Los Ángeles pidieron hoy prudencia y atención a posibles fraudes tras la decisión de la Corte Suprema de revisar el caso de la suspensión de la aplicación de las medidas migratorias del presidente Barack Obama…

“Es importante que nuestra comunidad por ahora no pague a nadie por este beneficio, que aún no es concreto”, dijo a Efe la abogada de Los Ángeles y activista mexicana Rosa Elena Sahagún.

La letrada pidió un máximo de prudencia a todos aquellos que pudieran beneficiarse de la ampliación de la Acción Diferida (DACA) y el programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que busca amparar a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.

“Cada vez que tenemos un cambio migratorio, desafortunadamente también llega una ola de fraudes y estafas a esta comunidad que está tan desesperada que regala su dinero a quien le promete un beneficio”, concluyó Sahagún.

Por su parte, Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA, en inglés), indicó a Efe que con este anuncio el Supremo reconoce la “importancia del caso”, pero alertó de posibles casos de abusos y estafas.

“Esta acción no significa que hemos ganado, y la comunidad debe tener mucho cuidado con ofertas fraudulentas que puedan recibir de gente inescrupulosa”, advirtió Cabrera.

El activista recordó que el anuncio de este martes solamente significa que la Corte Suprema va a considerar el tema y que sólo habrá un pronunciamiento final a medidos de año.

En noviembre de 2014, Obama anunció la ampliación de DACA y la creación del programa DAPA, que podría beneficiar a unos cinco millones de indocumentados, pero en febrero de 2015 un juez federal de Texas bloqueó las medidas a raíz de la demanda presentada por 26 estados.

En noviembre pasado, la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, decidió mantener dicha suspensión, ante lo que la Administración Obama decidió apelar ante el Tribunal Supremo.

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