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Día triste para Bermuda tras prohibir matrimonios gays

El matrimonio gay que ayudó a lograr que Bermudas permitiera los matrimonios entre personas del mismo sexo, se mostró hoy “profundamente triste” después de que el gobernador de la isla, John Rankin, sancionara una ley por la que ya no se permitirán los mismos en el archipiélago ni en barcos con bandera del país.

 
El Tribunal Supremo de Bermudas falló, en mayo de 2017, a favor del ciudadano bermudeño Winston Godwin y de su prometido, el canadiense Greg DeRoche, quienes querían casarse en el archipiélago.
El Registro General rechazó su solicitud, por lo que la petición se llevó hasta la Corte Suprema con el argumento de que la Ley de Derechos Humanos prevalece en Bermudas sobre cualquier otra normativa y esta les dio la razón.
En declaraciones a medios locales, Godwin dijo que “hoy es un día triste para Bermudas y para los derechos humanos”.
A su vez, se dirigió a los grupos de defensa de los derechos de grupos LGBT de Bermudas, a los que recordó que él y su marido son “la cara de este caso y os hemos representado a cada uno de vosotros para dar voz a quien no la tenía”.
“Por vosotros fuimos capaces de marcar la diferencia en la vida de varias parejas y eso es algo que hoy no se debe olvidar y restar importancia”, añadió.

 
“Todos fuisteis amados y merecedores de amor”, concluyó.
Rankin firmó la Ley de Uniones Domésticas, que sustituye al matrimonio gay, permitido desde el 5 de mayo de 2017 por un fallo de la Corte Suprema de Bermudas, territorio británico de ultramar.
La nueva ley, que fue aprobada por el Senado de Bermudas en diciembre de 2017, reconoce y protege las uniones entre personas del mismo sexo pero no podrán casarse.
Sin embargo concede derechos como el de heredar en el caso de que no haya testamento previo o tomar decisiones médicas en nombre de la pareja.

 
En opinión del ministro de Asuntos Nacionales, Walton Brown, aunque los contrayentes no puedan casarse, disfrutarán de “una unión libre en la que tendrán los mismos derechos”.
La decisión ha despertado la oposición de varios grupos de defensa de los derechos de grupos LGBT, que consideran ilegal el hecho de que se permita y después se niegue.

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