Detenidos militares, policías y un mediador de la tregua de pandillas salvadoreñas

EFE

Altos mandos policiales, militares, directores de cárceles y un mediador de la tregua entre las pandillas salvadoreñas están entre las 18 personas detenidas hoy por delitos cometidos durante un armisticio entre estas estructuras (2012-2014) que supuestamente apoyó el Gobierno…

“Hemos concluido la primera fase de investigación” y “hemos recopilado información suficiente que nos lleva a determinar que se cometieron diversos delitos en el marco de la tregua”, señaló el fiscal general, Douglas Meléndez, en una conferencia de prensa.
Meléndez detalló que estas personas son acusadas por los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos al interior de las cárceles, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.
Durante la tregua, a la que se le atribuye una importante disminución de homicidios, “funcionarios y empleados públicos se valieron de sus cargos para cometer diversos delitos” y “como producto de estas negociaciones con criminales se generó corrupción al romper la legalidad del sistema penitenciario” y “se promovió el fortalecimiento de las pandillas”, expuso el jefe fiscal.
Entre las acciones atribuidas a los detenidos están la facilitación de traslados de reos del penal de máxima seguridad a otros con menor régimen, el acceso a prostitutas y electrodomésticos en las cárceles, la realización de fiestas y la instalación de televisión por cable.
Pese a que la tregua permitió una disminución de los asesinatos de 15 a 5 diarios, según Meléndez, durante el periodo que duró se dio un incremento de las desapariciones forzadas y de los inhumaciones ilegales.
El director de la Policía, Howard Cotto, precisó que los mandos policiales detenidos son Óscar Aguilar Hernández, jefe del Comando Conjunto de Seguridad Pública, Juan Roberto Castillo Días, colaborador del Centro de Operaciones policial, y Luis Alonso Aguilar Marin, colaborador de la inteligencia de la Policía.
De igual forma, fueron capturados los militares José Adrian Abarca Molina, Félix Antonio Ruiz Soto y Rigoberto Palacios Carrillo, los tres exdirectores de los centros penales de Izalco (oeste), Ciudad Barrios (nordeste) y San Francisco Gotera (nordeste), respectivamente.
Cotto también aseguró que fueron detenidos los actuales directores del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca (sureste), José Antonio Meza, y de la cárcel de Cojutepeque (este), Miguel Ángel Abarca.
Asimismo, fue detenido el exmediador de la tregua Raúl Mijango, quien fue comandante guerrillero durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992) y diputado del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
De acuerdo con la Fiscalía, Mijango y el ex director general de Centros Penales Nelson Rauda, quien no ha sido detenido, encabezaban la estructura que otorgaba prebendas a los pandilleros encarcelados.
Los otros 9 capturados son psicólogos, educadores y asesores jurídicos de diferentes consejos criminológicos y forman parte de una lista de 21 personas.
En marzo de 2012, la Mara Salvatrucha (MS13) y la Barrio 18 pactaron un cese de las hostilidades entre sus miembros que, según aceptó en febrero pasado el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), fue “acompañada” por su Gobierno.
Funes, citado por la Fiscalía para declarar sobre dicho proceso, aseguró que “en la medida en que (la tregua) produjo resultados concretos, como la reducción de homicidios, el Gobierno le dio acompañamiento”.
Meléndez señaló que no tienen pruebas que apunten a la participación de Funes, su exministro de Seguridad y actual de Defensa, David Munguía Payés, el exdirector de Centros Penales Douglas Moreno, y el exmediador de la tregua Paolo Lüers, pero dejó entrever que los detenidos podrían aportar pruebas contra ellos.
“Si encontráramos en la investigación, que va a quedar abierta, nuevos elementos, no duden que vamos a proceder contra estas personas”, concluyó Meléndez.
La única persona juzgada y condenada por participar en este proceso es el sacerdote español Antonio Rodríguez, condenado en 2014 a dos años y medio de prisión, los que cumple en libertad condicional, por ayudar a pandilleros a introducir objetos ilícitos a prisiones.
En diferentes ocasiones el actual Gobierno se ha desmarcado de cualquier posibilidad de realizar un proceso similar, pese a que los homicidios han escalado más del 51 % en el primer cuatrimestre de 2016, en comparación con el mismo período de 2015.