Falta de asesoría legal deja a cientos de familias a puertas de deportación

EFE

La falta de asesoría legal en sus casos de asilo ha dejado a cientos de madres y menores sin acompañante indocumentados de origen centroamericano a las puertas de su deportación, aseguran abogados y activistas…

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) “ha estado trabajando muy conscientemente para asistir a esas madres y niños centroamericanos, que muchos de ellos acabaron detenidos en los centros de detención de Texas y Pensilvania”.
“Tenemos abogados voluntarios representado muchas de esas familias, las estadísticas nos muestran que la mayoría de ellos no tienen abogado que los represente en las audiencias de deportación”, dijo hoy a Efe Greg Chen, director de Defensa de AILA.
Chen detalló que tiene sus esfuerzos enfocados en conseguir asesorías pro bono a estos indocumentados, porque contar con una ayuda legal puede significar poder permanecer legalmente en el país.
“Nuestro sistema de inmigración no garantiza abogados para personas que enfrentan la deportación, incluso aunque ellos estén en riesgo de ser enviados de regreso a condiciones de violencia por crímenes o violencia doméstica que muchas de estas mujeres enfrentan”, aclaró.
Chen explicó que un abogado puede ayudarlos a entender el funcionamiento del sistema de inmigración, como someter una solicitud de asilo para presentarla ante un juez.
“Alguien con un abogado puede probar que está enfrentando persecución si es enviado de regreso a su país y también puede saber la importancia de presentarse en una corte para que entienda sus obligaciones legales”, agregó.
Nuevos datos indican que la gran mayoría de las mujeres con niños que buscan refugio en Estados Unidos y que recibieron la orden deportación en el último año y medio no tuvieron un abogado.
De acuerdo con un estudio de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, 18.607 mujeres y niños han recibido órdenes finales de deportación entre julio de 2014 y diciembre de 2015. El 86 por ciento de ellos no tenía un abogado y la mayoría no se presentó en corte.
Las estadísticas del TRAC también asegura que si las madres con niños tienen acceso a un abogado, la oportunidad de ganar sus casos de asilo se incrementa 14 veces.
La falta de un abogado en estos casos llevó a organizaciones civiles y activistas a hacer un llamado para que se detengan las deportaciones y se revisen los casos de deportación de mujeres en busca de asilo.
“Es lamentable que el Gobierno emitiría órdenes finales de deportación a cerca de 19.000 mujeres y niños que nunca han tenido la oportunidad de tener un abogado que les ayude con la búsqueda de protección de asilo”, dijo hoy a Efe Jeanne Atkinson, directora ejecutiva de la Red Católica Legal de Inmigración (CLINIC).
“Incluso los estadounidenses que favorecen la interpretación más estricta de las leyes de inmigración a menudo se sorprenden al saber que estas familias no tienen derecho a un abogado de oficio si no pueden permitirse el lujo de contratar a uno a sí mismos”, agregó Atkinson.
Aseveró, además, que estar en el país de manera ilegal es un proceso civil, no criminal: legalmente hablando es romper una ley comparable con pasarse la luz roja.
“Sin embargo, para estas familias, la consecuencia es la expulsión de nuevo a un país potencialmente peligroso para la vida, no una multa y un par de puntos en un registro de conducir”, añadió.
“Nosotros como sociedad tenemos la obligación moral de asegurar que los solicitantes de asilo tengan la oportunidad de exponer sus argumentos para quedarse con la ayuda de un representante legal acreditado”, aseguró Atkinson.
Los abogados señalaron que hay muchos casos para la cantidad de abogados que prestan ayuda pro bono y la gran parte de estas familias no tienen los recursos para pagar los costos de una representación legal por lo que muchos deciden no presentarse a la audiencia en corte.
El cónsul general de Guatemala en Tucson, Carlos De León, realizó un foro al que asistieron abogados especialistas en leyes migratorias para ofrecer asesoría legal a las familias centroamericanas que se encuentran en medio de un litigio legal para evitar su deportación.
El funcionario indicó que su gobierno está trabajando para que las familias guatemaltecas conozcan sus derechos y las opciones para tener acceso a un abogado.