Fuente: Telemundo
Con casi 40 millones de personas atrapadas en sus hogares debido al coronavirus, el gobernador de California advirtió el martes a las agencias estatales que se preparen para recibir menos dinero del gobierno que probablemente pospondrá muchos de los ambiciosos planes de gastos del estado.
Citando una “severa caída en la actividad económica”, el director de presupuesto del gobernador Gavin Newsom escribió en una carta a todas las agencias estatales que “no deberían esperar una financiación completa para propuestas nuevas o existentes”.
Eso significa que algunos de los planes de Newsom ayudados por un superávit proyectado de miles de millones de dólares podrían estar en espera. Su propuesta de presupuesto de enero incluyó planes para que California fabrique y venda sus propios medicamentos genéricos, cree al menos cuatro nuevas agencias estatales y otorgue un seguro de salud financiado por el gobierno a las personas mayores de bajos ingresos que viven ilegalmente en el país.
“Revisaremos todo”, dijo el portavoz del Departamento de Finanzas, H.D.Palmer.
California es el último estado en señalar problemas presupuestarios debido al coronavirus. Arkansas enfrenta un déficit de $353 millones, mientras que estados como Nueva York, Nueva Jersey y Oregón han advertido sobre la disminución de los ingresos.
California es particularmente vulnerable porque depende mucho de los impuestos sobre las ganancias de capital de los ricos. Casi la mitad de las recaudaciones de impuestos sobre la renta personal del estado provienen del 1% superior de los trabajadores, cuyos ingresos dependen de la salud del mercado de valores.
Durante el mes de febrero, California había recaudado $88.8 mil millones en impuestos, más de $1.2 mil millones más de lo que los funcionarios estatales habían planeado.
Pero a principios de este mes, la Oficina del Analista Legislativo no partidista informó que un análisis preliminar indica “una probabilidad muy alta” de que las recaudaciones de impuestos sobre las ganancias de capital de California “sean varios miles de millones de dólares más bajas” de lo que los funcionarios estatales habían planeado.
El asambleísta Phil Ting, un demócrata de San Francisco que es presidente del Comité de Presupuesto de la Asamblea, dijo el martes que espera que la mayoría de las agencias estatales obtengan la misma cantidad de dinero el próximo año que obtuvieron este año, con algunas excepciones.
Pero espera que los legisladores aumenten el gasto en tres de los mayores problemas del estado: coronavirus, personas sin hogar e incendios forestales.
“Realmente no habrá mucho espacio para mucho más”, dijo Ting.
Los legisladores ya se han sumergido en las reservas de California para dar a Newsom hasta $1 mil millones para combatir el brote de coronavirus, dinero que el gobernador ha utilizado para arrendar hospitales que estaban en riesgo de cerrar y dar dinero a los gobiernos locales para evitar la propagación del virus entre sus poblaciones sin hogar.
Pero Ting dijo que los legisladores podrían ir más allá, posiblemente pasando su propia versión de un estímulo económico que daría dinero a los californianos afectados por el virus. Lo que haga California probablemente dependerá del tipo de ayuda que apruebe el Congreso, si corresponde.
La carta de Newsom señala el probable fin de los abundantes excedentes que el estado ha disfrutado en los últimos años, impulsados por una economía fuerte marcada por 10 años consecutivos de crecimiento laboral. El lunes, Newsom dijo que el estado había estado promediando alrededor de 2,500 reclamos por semana por beneficios de desempleo. Ahora, el estado promedia más de 106,000 reclamos por semana.
Los detalles específicos de la propuesta de presupuesto actualizado de Newsom no estarán disponibles hasta mayo. Pero los grupos de defensa están cavando, preparándose para peleas de financiación mucho más duras.
Anthony Wright, director ejecutivo del grupo de defensa de la atención médica del consumidor Health Access, dijo que presionará para que Newsom mantenga su plan de extender los beneficios de salud financiados por el gobierno para las personas de bajos ingresos de 65 años o más que viven ilegalmente en el país.
Cubriría a unas 27,000 personas y costaría hasta $ 350 millones cuando esté completamente implementado.
“Ampliar la cobertura al grupo de mayor riesgo que actualmente está excluido de la cobertura fue premonitorio en el presupuesto de enero y continúa siendo urgente ahora”, dijo Wright.
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