La idea del presidente Barack Obama con relación a la gratuidad de los colegios comunitarios es una política educativa que merece elogios. Empero, no se justifica que el fisco gaste millones de dólares en una parte de la población estudiantil, cuyos familiares (padres y madres) no simplemente generan más de 100 mil dólares anuales, sino que alcanzan sumas concebibles al millón de dólares o más.
La gratuidad debería tener sus límites y no debería circunscribirse solo a los colegios comunitarios sino también debería extenderse a las universidades que otorgan licenciaturas, incluyendo a aquellos centros de estudios que confieren maestrías y doctorados.
Todas las universidades deberían ser gratuitas, pero esa gratuidad debería ser limitada por el nivel económico del estudiante y sus méritos; y no debería hacerse tanto énfasis en el historial étnico o nacional de la persona.
Solo así este tipo de política educativa podría considerarse revolucionario y no un acto de populismo presidencial.
El plan del presidente Obama pretende que el gobierno federal se responsabilice de 75% del costo de colegiatura de los estudiantes de los colegios comunitarios; es decir, estaría pagando una suma aproximada de 2,500 dólares por estudiante y los estados se responsabilizarían por el resto.
El gobierno de Obama estima que el proyecto del Presidente costaría $60,000 millones en 10 años. No se debe descartar que el total actual de la población de estudiantes (9 millones) crecería rápidamente por el condicionante de gratuidad. El dinero que propone el Presidente simplemente no alcanzaría a solventar a tantos estudiantes que buscan beneficios inmediatos en un sistema sin controles ni balances.
En tal sentido, el proyecto del gobierno de Obama es beneficioso a corto plazo, pero a largo plazo crearía problemas serios a la economía del país, en particular a la de los estados.
Entonces, por qué no hacer utilidad de ese dinero que el Presidente nos ofrece en un sistema universitario que verdaderamente ayudaría a los más necesitados.
De acuerdo a un proyecto que suscribo, el subsidio debería ser escalonado. Nuevamente, este enfoque no debería incluir simplemente a los colegios comunitarios sino también a las universidades.
Los estudiantes cuyas familias tienen un ingreso anual o igual a $30,000 deberían tener el beneficio de la gratuidad; entre $30,000 y $40,000 un subsidio de 50% de la colegiatura; de $40,000 a $50,000, 25% de subsidio, de $50,000 a $60,000 10% de subsidio; más allá de $60,000 no subsidio. A los mejores estudiantes, sin depender de condicionantes étnicos y nacionales, deberían otorgarles una beca completa.
Los datos anteriores no tienen ningún respaldo investigativo ni científico, simplemente sirven para ilustrar un tipo de proyecto educativo que se contrapone al presentado por el Presidente. Obviamente, el criterio económico y porcentual debería ser mejor evaluado, pero siempre tomando en cuenta el condicionante económico de los ingresos familiares de los estudiantes.
Durante mi estadía en los Estados Unidos fui estudiante de un colegio comunitario, como también impartí clases en uno de ellos. Nunca recibí un subsidio del gobierno mientras tomaba clases. Un trabajo de tiempo parcial y un pequeño ahorro que tenía fueron suficientes para sobrellevar dos años de estudio. De todos modos, las colegiaturas y los gastos no son muy costosos.
Sin embargo, una vez que hice la transferencia a una universidad de cuatro años, las exigencias académicas apenas me permitieron un trabajo de pocas horas. Ese pequeño dinero no fue suficiente para solventar cuantiosos gastos que incluyen vivienda, comida, libros, etc. Obtuve becas, grants y préstamos para sobrevivir.
Por eso, la gratuidad debe extenderse a las universidades y aquellos estudiantes cuyos familiares padecen problemas económicos.
Humberto Caspa, Ph.D., es profesor e investigador de Economics On The Move. E-mail: hcletters@yahoo.com
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