Identifican a una sospechosa y un presunto cómplice en el feminicidio de Fátima en México

Fuente: Telemundo

Las autoridades confirmaron que además han ubicado el domicilio de la mujer que presuntamente secuestró a menor en la alcaldía de Xochimilco, donde encontraron prendas de la niña.

La Secretaría de Seguridad de Ciudad de México ya indentificó a un presunto cómplice implicado en el caso del violento feminicidio de Fátima Andrighetti Antón, mexicana de 7 años que fue secuestrada de la escuela por una mujer días antes de ser hallado su cuerpo y cuya muerte ha conmocionado al país.

Las autoridades habian confirmado previamente que determinaron la identidad de esta mujer y lograron ubicar su domicilio en la alcadía de Xochimilco, al sur de la capital, gracias a la colaboración de habitantes del área y de la alcaldía de Tláhuac, donde fue encontrado el cuerpo de Fátima.

Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, también dio a conocer los avances de la investigación del caso, días después de reconocer que instituciones de su gobierno cometieron una “cadena de negligencias” cuando los familiares primero reportaron desaparecida a la niña.

Fátima, quien ha sido descrita como risueña y a quien le gustaban los tamales, fue dejada afuera de su escuela pública el martes 11 de febrero pues su madre, María Magdalena Antón, tuvo un ligero retraso para recogerla. El sábado fue encontrado el cuerpo de la niña. 

La mujer que se llevó a Fátima ese martes fue identificada por los propios familiares, que consiguieron videos de cámaras de vigilancia de particulares cercanos a la escuela al sentir que había inacción por parte del gobierno. 

La mañana del 18 de febrero se divulgó un retrato hablado, con el que el casero de la presunta responsable dirigió a las autoridades al domicilio en Xochimilco en el que encontraron ropa y calzado de Fátima el martes. La mujer se llama Giovana “N”, y se cree que era conocida de María Magdalena Antón, según el diario Excélsior,

Fuentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señalaron a Excélsior que el presunto cómplice en el asesinato de la niña se llama Mario y que sería el esposo de la mujer. En el domicilio también vivirían tres menores, presuntamente hijos de esta pareja y cuyo paradero se desconocía hacia la noche del martes, según reporta el mismo diario.

Las autoridades ofrecen una recompensa de dos millones de pesos (unos 108,000 dólares) a quien aporte información para localizar a la presunta responsable, que tiene entre 42 y 45 años de edad, con una estatura de entre 1,55 y 1,6 metros.

Alrededor de 15,000 volantes con un retrato digitalizado de la sospechosa fueron distribuidos en las estaciones del Metro y en la comunidad de Tulyehualco en espera de que las personas puedan dar informes.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga el caso de Fátima como un feminicidio, además de que se mantienen abiertas indagatorias sobre la posible omisión de responsabilidad de funcionarios que pudieron haber incurrido en negligencia, como retrasos en emitir la Alerta Amber. 

Despido entre reproches

El mismo martes, entre el dolor y la indignación, los familiares y vecinos de Fátima se despidieron de la menor con una misa de cuerpo. Durante la ceremonia pidieron que nadie más en el país vuelva a sufrir una pérdida así.

Centenares de vecinos se agolparon frente a la humilde casa de la familia y ante un mar de velas cantaron y rezaron unidos, en una muestra de cómo el caso ha conmocionado a México tras varios otros feminicidios muy sonados. 

“Pinche Gobierno” fue un murmuro que repitieron varios de los vecinos ante el hartazgo por la violencia y criminalidad que sufren a diario muchos mexicanos, según EFE.

El cuerpo de la menor Fátima fue encontrado este fin de semana en una bolsa de plástico y con señales de violencia en la alcaldía Tláhuac, en el sur de la capital mexicana, cerca de Santiago Tulyehualco, donde vivía con su familia. La fiscala capitalina, Ernestina Godoy, también confirmó que la necropsia reveló que hubo abuso sexual de la niña. 

El cortejo fúnebre de este martes, que comenzó tras la misa e iba acompañado de mariachis y globos blancos, paró un momento ante la fachada de la escuela donde Fátima fue vista con vida por última vez.

El pequeño ataúd blanco con los restos de la menor entró en el cementerio del barrio, cargado por familiares.

Cadena de errores

Desde que se conoció la noticia, el caso ha estado rodeado de reproches, revelaciones de negligencias y desmentidos por parte de los familiares de la víctima y de las autoridades capitalinas.

La familia arremetió contra la dirección del colegio público Enrique C. Rébsamen por dejar salir a la niña con la mujer desconocida y contra la fiscalía capitalina por no tramitar la denuncia por desaparición desde un principio.

Según denunciaron, el ministerio público se Tláhuac les pidió esperar 72 horas para levantar la denuncia, a pesar de que una Alerta Amber debe tramitarse de inmediato. Tuvieron que desplazarse hasta la otra punta de Ciudad de México para acudir ante la fiscalía especializada en búsqueda de personas.

Además, las imágenes de la investigación, que muestran a la mujer llevándose a la niña, fueron recabadas por los mismos familiares, quienes fueron pidiendo las grabaciones de las cámaras de seguridad de los comercios de la zona, puesto que muchas de las cámaras del gobierno no funcionan.

Sheinbaum, la jefa de Gobierno capitalina, reconoció que sí hubo una “cadena de negligencias” en la investigación y prometió que no habrá impunidad.

Por su parte, la fiscalía capitalina desmintió la versión manejada por la familia de que se robaron los órganos de Fátima y de que el asesino fue un tal Alan Herrera; la fiscala Godoy dijo que el hombre está muerto.

El crimen contra la menor se conoció en plena ola de indignación por otros femincidios recientes como el de Ingrid Escamilla, hace unos diez días. Escamilla, una ingeniera, fue acuchillada y desolada; su pareja está detenido como presunto responsable. 

El feminicidio y el manejo de ese caso por parte de las autoridades, que filtraron la información y las fotografías morbosas del cuerpo masacrado, desencadenaron tensas movilizaciones en la capital.

Este martes, tras el caso de Fátima, decenas de mujeres volvieron a concentrarse frente a Palacio Nacional, sede del poder ejecutivo, para exigir justicia por los asesinatos diarios de mujeres en México. La ONU estima que cada día hay diez feminicidios, que son el homicidio de una mujer por razón de su género y que suele ir acompañado por otras violencias como abuso sexual o doméstico. 

Las manifestantes también criticaron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, por no buscar ni proponer acciones contundentes para hacer frente a la violencia contra las mujeres.

“Todos los días aparecen entre ocho y diez mujeres muertas en el país”, dijo Fernanda, una manifestante presente, a EFE. La mujer también dijo que el tema de la violencia de género debe “entrar en la agenda política” por todos los casos, no solo los mediáticos. La manifestante aseguró demás que el de López Obrador es “un Gobierno machista y misógino al que claramente no le importa la vida de las mujeres”.

Más condenas

La Cámara de Diputados de México aprobó este martes incrementar en cinco años la pena máxima de prisión para los delitos de feminicidio y abuso sexual. Modificaron el Código Penal Federal para aumentar,de 60 a 65 años la pena máxima de prisión para quien cometa el delito de feminicidio, y establecer la mínima en 45 años, en lugar de 40.

De la misma manera lo hicieron para el delito de abuso sexual a menores de 15 años y a personas que no pueden comprender el significado de esta conducta, que tendrá una pena máxima de prisión de 18 años y mínima de 10.

La citada reforma fue enviada al Senado mexicano para su análisis y eventual ratificación.

También se aumentaron las penas de prisión establecidas para los servidores públicos que retarden o entorpezcan maliciosa o negligentemente la procuración o administración de justicia. Actualmente se contemplan penas de tres a ocho años de prisión y con las modificaciones serán de seis y 10 años de prisión.

Sin embargo, diputadas feministas destacaron que aumentar las penas no basta ni sirve para combatir los femincidios. Por ejemplo, Lucía Rojas, legisladora independiente, destacó que el trabajo del Congreso queda incompleto porque en los últimos meses más bien han permitido al presidente reducir el presupuesto de los albergues para mujeres víctimas de violencia doméstica o de estancias infantiles donde los niños puedan ser cuidados mientras sus madres trabajan.