Las leyes estadounidenses están escritas en un solo idioma, son para todos los norteamericanos y, aparentemente, castigan a todos por igual. Sin embargo, su aplicabilidad depende mucho en quiénes comenten las violaciones.
Si los violadores son afroamericanos, latinos, islámicos o personas pertenecientes a cualquier grupo étnico minoritario, las leyes normalmente están hechas para hacerlas cumplir. Y si los violadores pertenecen a gente de ancestro euro-estadounidense, las leyes a menudo son implementadas en forma discrecional por parte de las autoridades del gobierno.
Supongamos que miembros y simpatizantes del grupo “Black lives matter” hace una demostración y ocupa una dependencia del Estado (municipal, estatal o federal). ¿Cómo reaccionarían las autoridades municipales y agentes del gobierno federal?
Lo más probable es que si los miembros de Black lives matter se resisten a abandonar, los guardias de seguridad estarían haciendo utilidad de todo su arsenal policial, incluyendo el uso de armas de fuego. El resultado sería una serie de personas afroamericanas muertas y muchos heridos.
Supongamos también que defensores de los inmigrantes deciden manifestarse en frente de una dependencia federal por la reciente orden ejecutiva de apresar y deportar a quienes fueron ordenados a abandonar el país.
Las autoridades del gobierno con seguridad harían uso de la ley y estarían movilizando sus fuerzas policiales para poner fin a una marcha que, de acuerdo a gente extrema de la derecha, está considerada ilegal debido al hecho de que hace reclamos de gente que no debería estar en el país.
Ahora supongamos que las poblaciones islámicas se levantan en contra de la discriminación en frente de la Biblioteca de Ronald Reagan en Simi Valley, California. De seguro instigaría la reacción de grupos extremistas de la derecha –los minuteman, Tea Party, entre otros– y crearían un enfrentamiento con resultados fatales.
Por supuesto que los culpables de los heridos y las muertes no serían los extremistas de la derecha sino los miembros de los grupos islámicos, quienes son considerados terroristas.
Esta semana, un grupo de vigilantes euro-estadounidenses del estado de Nevada ocupó el Refugio Nacional de Vida Salvaje de Malheur del estado de Oregon. El grupo está liderado por Ammon Bundy y sus hermanos; están armados hasta los dientes con fusiles automáticos y pistolas semiautomáticas y dicen que están defendiendo los derechos de los individuos en contra de la represión del Estado Federal.
Los Bundy ya tienen un historial de desacato a la ley federal. Anteriormente el papá de ellos, Cliven Bundy, provocó un enfrentamiento con las autoridades del gobierno en Nevada debido a que no obedeció un mandato que prohibía la alimentación de su ganado vacuno en propiedad federal. Milicianos de la extrema derecha, como los Oath Keepers, el White Mountain Militia y la Praetorian Guard, se unieron para defenderlos.
Los oficiales del gobierno federal, a pesar de que Cliven Bundy y su gente no sólo se resistieron a acatar la ley sino que se resistieron con armas, condonaron sus violaciones y lo dejaron libre. Luego, en una entrevista Cliven Bundy dijo que los negros “deberían mejor ser esclavos que ser dependientes de los subsidios del gobierno”. De los latinos también habló pestes.
Actualmente su hijo Ammon Bundy está al frente de otro grupo armado en Oregon, supuestamente defendiendo los derechos de la propiedad individual.
Existe una ley para todos. Hoy, las autoridades no deben actuar en forma discrecional ante un delito contra la propiedad del Estado Federal. Los Bundy son unos renegados milicianos, violadores de la ley, armados ilegalmente; deben ser apresados, procesados y encarcelados. La ley es única y para todos.
Humberto Caspa, Ph.D., es profesor e investigador de Economics On The Move. E-mail: hcletters@yahoo.com
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