Las contradicciones de la ley de Texas (EEUU): aborta en California, no aquí

EFE

Vivía en Texas (EEUU), pero tuvo que viajar a California para abortar. Como otras miles de mujeres, Candice Rusell se topó frente a frente con una polémica ley de Texas que ha provocado el cierre de decenas de clínicas abortivas y que este miércoles examina con lupa el Tribunal Supremo…

“Pedí un préstamo, me monté en un avión y volé 15.000 millas para poder tener un aborto. Miro atrás y, en realidad, me siento afortunada porque eso sería imposible para muchas personas”, explicó a Efe Rusell, latina de origen mexicano que vivía cerca de Dallas (Texas) cuando en 2014 se quedó embarazada.
Aunque en 1973 la máxima corte de EE.UU. abrió la puerta a la legalización del aborto, en la última década estados conservadores, como Texas, Michigan, Misuri y Virginia, han interpuesto cortapisas legales para impulsar su agenda “pro-vida”.
Con el argumento de proteger la salud de las mujeres, en 2013, Texas aprobó una ley que requiere a las clínicas cumplir con los estándares quirúrgicos de un pequeño hospital, lo que ha provocado el cierre de 25 de las 41 centros que el estado tenía antes de la ley, según el último recuento de la web NeedAbortion.org.
“Es importante que mi Gobierno sepa que no nos está protegiendo, nos está haciendo daño”, clama Rusell, quien prefiere no tener hijos, en parte por la experiencia que vivió de niña, con una madre que dio a luz de adolescente y tuvo que luchar toda su vida contra la adicción a las drogas.
Estaba embarazada de doce semanas y media, hacía un año que había roto con su marido, tenía un trabajo muy exigente, no podía tomar días libres y le parecía un mundo tener que aguantar las dos semanas y media de lista de espera para conseguir un aborto Texas, donde este procedimiento está permitido hasta las 20 semanas de gestación.
“Como muchas clínicas habían cerrado, la lista de espera era de dos semanas y media. Los centros estaban saturados. Hablé con la pareja que tenía en ese momento, y decidimos volar a California”, cuenta Rusell por teléfono desde su casa a las afueras de Dallas.
Como ella, 5,4 millones de mujeres en edad reproductiva (2,5 millones latinas) pueden darse de bruces con la ley de Texas y el eterno debate sobre el aborto, donde la mezcla de posturas personales y colectivas, influidas por diferentes posiciones ideológicas, ha hecho que la discusión se salga de madre.
Los autoabortos entre mujeres embarazadas que recurren a golpes en el vientre y la ingesta de infusiones o sustancias tóxicas recomendadas por los rumores populares han aumentado de forma alarmante, denuncia Andrea Ferrigno, vicepresidenta de Whole Woman’s Health, la entidad que ha llevado el caso ante el Tribunal Supremo.
“Hubo una mujer que me llamó por teléfono y me dijo: ¿Por qué no te digo lo que tengo en mi cocina y mi baño y tú me dices que tomo para abortar?”, recuerda Ferrigno, quien cuando recibió la llamada trabajaba en la clínica de McAllen, en el valle del río Grande, fronterizo con México y predominantemente hispano.
Por unos meses, la clínica de McAllen estuvo cerrada porque sus doctores no consiguieron otro de los requisitos que se les exige, una autorización para realizar abortos de un hospital de la zona, algunos de los cuales tienen afiliación religiosa.
Entonces, Ferrigno recomendó a la mujer que viajara a San Antonio (Texas), a más de 400 kilómetros, para conseguir un aborto.
La paciente, que no volvió a comunicarse con Ferrigno, prefería un “remedio casero” por la imposibilidad de costearse el viaje, a lo que se sumaba el peligro de, como indocumentada, encontrarse en su camino a San Antonio con los puntos de control de inmigración, frecuentes en las carreteras interiores de Texas.
Frente a la crudeza de estas historias, parte de la sociedad estadounidense se opone a todo lo que suene a aborto por considerar que el derecho a la vida es incontestable.
Con manifestaciones, vigilias y huelgas de hambre, grupos conservadores y religiosos como “40 días de vida” y Estadounidenses Unidos por la Vida (AUL, por su sigla en inglés) han pedido al Tribunal Supremo firmeza para proteger los derechos de las mujeres y los fetos de la “industria del aborto”.
El siempre espinoso debate entre la protección del feto y el derecho a decidir de la mujer promete alcanzar su punto máximo en junio, cuando el Tribunal Supremo emita su sentencia ya en plena campaña para las elecciones presidenciales de noviembre.