Leyes de confiscación afectan más a latinos y gente de color, dice informe

EFE

Las leyes de confiscación civil afectan de manera desproporcionada a los grupos minoritarios y personas de escasos recursos en California, acusa un informe dado a conocer hoy por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en San Diego…

Bajo este programa federal, las agencias policiacas pueden decomisar dinero en efectivo y otras propiedades sin necesidad de presentar cargos en contra de la persona.
“La confiscación de activos civiles fue creada originalmente para quitarle el botín a los capos de la droga, pero la práctica ha sido pervertida en un ataque hacia californianos que no pueden pagar el costo de enfrentar al gobierno en la corte”, denuncia el reporte.
Pese a ello, las leyes de California ofrecen protección si la persona es detenida por una agencia policial local, aunque es común que en algunos de estos incidentes, el caso sea turnado a la jurisdicción federal bajo el programa de “reparto equitativo” por lo que la persona no puede recuperar sus bienes.
Con este recurso, la policía de California puede mantener el 80 por ciento del beneficio monetario de estos decomisos, lo que “proporciona un incentivo financiero” para que estas agencias opten por la ley federal en lugar de regulaciones estatales, según acusan activistas.
“California en su ley tiene protecciones para personas que no han sido acusadas de un crimen, pero bajo este programa federal no existen las mismas protecciones”, manifestó a Efe Anna Castro, vocera de ACLU en San Diego.
El estudio revela que casi el 50 por ciento de los decomisos hechos por la Agencia Federal Antidrogas (DEA) involucra a personas con apellido latino.
A su vez, indica que el 85 por ciento de los activos confiscados son pagados a agencias policiacas establecidas en comunidades donde la mayoría de los residentes son personas de color.
Por otro lado, el número de agencias policiacas en el estado que han optado por las leyes federales de decomisos aumentó de 200 a 232 en los últimos dos años.
“Las mismas comunidades que son víctimas de esta práctica son las que no tienen los recursos o tienen miedo de abogar por sí mismos”, precisó Castro.
En respuesta a la investigación revelada por ACLU, que fue publicada en un periódico local, el alguacil del condado San Diego, Bill Gore, y la Jefa de Policía, Shelley Zimmerman, emitieron un comunicado de prensa conjunto en el que niegan estar atacando a comunidades de color y de escasos recursos, e hicieron énfasis en que “ninguno de los presuntos casos de abuso citados en el reporte involucra a una agencia policiaca en el condado de San Diego”.
“Dado el hecho que los latinos son el grupo demográfico más grande en el estado, tenemos una cercanía con México y un gran porcentaje de las drogas ilícitas en el estado llegan desde la frontera sur por parte de carteles mexicanos, esta no es una estadística sorpresiva o controversial”, detalla el comunicado.
ACLU reiteró su apoyo a la ley SB443 de California que fue presentada el año pasado por la senadora demócrata Holly Mitchell y que impediría que la policía del estado decomise dinero o propiedades de manera permanente si la persona no ha sido procesada por algún crimen.
La iniciativa se encuentra ahora en la Asamblea y se espera sea sometida a votación en los próximos días.