Proyecto Sin Fin
Enrique Pérez Quintana
Se cumplió un año de los acontecimientos violentos de Iguala, Guerrero, en los que fueron detenidos por la policía municipal 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, que los entregó a una banda de delincuentes, misma que los secuestró y, hasta el momento, sus padres los consideran desaparecidos y por doce meses han mantenido su demanda “Vivos se los llevaron Vivos los queremos”…
El Gobierno Federal, a través de la Procuraduría General de la República, mantiene la posición de que los estudiantes fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, Guerrero, lo que implica dos posiciones antagónicas e irreconciliables, y podría mantener el conflicto por mucho tiempo, aunque hubiera datos científicos que revelaran, como ha sucedido ya en dos casos, que a los estudiantes los mataron.
Las partes se perciben entre sí con desconfianza. Los padres se sienten agraviados por el trato, que viven como engaño, de parte de las autoridades, la información científica que no comprenden y su particular concepción del poder como un monolito que contiene el nivel municipal, estatal y federal. Para ellos el poder es uno solo y su jefe es el Presidente de la República y, en consecuencia, responsable de la desaparición y aparición de sus hijos.
Por su parte el Gobierno Federal observa a los padres de familia, pero sobre todo a los grupos y abogados que los asesoran, como expertos en mantener y hacer crecer el conflicto cuando plantean demandas de difícil o imposible solución, como presentar con vida a quienes considera muertos, la difusión internacional del problema, el acopio de recursos financieros para sostener el conflicto o la demanda de una fiscalía con supervisión externa al país.
Guatemala se une hoy, sábado 26 de septiembre de 2015, a las manifestaciones pacíficas que se celebraron en varios países del mundo en conmemoración por el primer aniversario de la desaparición de 43 estudiantes mexicanos en Ayotzinapa. Un grupo de estudiantes universitarios y activistas se reunieron este sábado en la Plaza México bajo la estatua de Benito Juárez, situada en la Avenida de las Américas, en el sur de Guatemala (Guatemala), como un acto de solidaridad con la familia de los desaparecidos. "Indignación global x Ayotzinapa", "No pueden desaparecer la primavera somos semilla" decían algunos de los mensajes que los guatemaltecos escribieron en mantas. EFE/Esteban BibaGUA6019. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 26/09/2015.- Guatemala se une hoy, sábado 26 de septiembre de 2015, a …La posición de los padres de los estudiantes desaparecidos se explicaría con la hipótesis de que los estudiantes fueron secuestrados y los mantienen cautivos en alguna parte del territorio de Guerrero, que se fundamenta en el conocimiento de la forma de actuar de los grupos dedicados al narcotráfico que siembran, cosechan, procesan y exportan la droga desde lo profundo y recóndito de la sierra y montaña de la entidad. Actividad que suele ser controlada por los caciques que además, frecuentemente, también ocupan posiciones de poder en el estado.
Pasado un año es posible observar que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, siendo un lamentable problema social, de seguridad pública y hasta de seguridad nacional por sus derivaciones hacia bandas delincuenciales dedicadas al narcotráfico, se ha centrado en los padres de los desaparecidos y sus asesores y el Gobierno Federal. Los actores iniciales desaparecieron de la escena y de esta manera evadieron su responsabilidad, lo que no implica que dejaron de lucrar políticamente con el conflicto.
No aparecen en el primer plano actual del conflicto el Partido de la Revolución Democrática ni Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, responsables de haber llevado al poder a José Luis Abarca, quien responsabilizó y ordenó las agresiones en contra de los estudiantes de Ayotzinapa por boicotear el acto político de su esposa, María de los Ángeles Pineda que, apoyada por el PRD, quería ser alcaldesa de Iguala.
Foto: El UniversalFoto: El UniversalUn año después, al terminar el 14 Congreso Nacional del PRD, se aprobó un resolutivo especial sobre el caso Iguala, para llamar a cuentas a dirigentes y militantes del partido involucrados en la postulación de José Luis Abarca a la alcaldía de Iguala. Jesús Zambrano, ex presidente del PRD, se deslindó. ‘‘No tuve ninguna responsabilidad en la designación de Abarca’’ y pidió que los integrantes de la comisión de candidaturas de 2012 ‘‘den la cara’’. Este es el primer reconocimiento público de este partido sobre su responsabilidad en el conflicto.
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador por largo tiempo guardó silencio en las ocasiones en las que fue mencionado como uno de los promotores de la candidatura para que José Luis Abarca llegara a la presidencia municipal de Iguala, pero cuando se ha referido al tema su discurso ha consistido en responsabilizar directamente de los acontecimientos al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Al conmemorarse un año López obrador dijo: “La demanda para aclarar lo sucedido a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa no va a prescribir, por tanto, todavía es tiempo de rectificar y castigar, sin miramientos de fueros o jerarquías, a los verdaderos responsables de este delito. Se entiende que en México impera la impunidad y queda de manifiesto que Peña es parte de la red de complicidades y componendas, pero apuestan al olvido, encubrir y no hacer justicia”.
Por un año los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y sus asesores, han desarrollado una estrategia de presión internacional que los ha llevado a diversos países del mundo y a diferentes foros sociales y políticos en los que han expuesto su demanda y responsabilizado al gobierno de Peña Nieto de la vuelta con vida de sus hijos.
Por doce meses unos han lucrado políticamente con la desaparición de los 43 normalistas utilizando este suceso como parte del discurso de sus campañas, como sucedió en las recientes elecciones de Guerrero y otras entidades.
Queda la impresión, por el manejo mediático del tema, que más que una estrategia de presión para obtener una respuesta del Estado, es una estrategia política para desprestigiar al Gobierno Federal haciéndolo aparecer como responsable, cuando fueron el gobierno estatal y municipal los que propiciaron la violencia. Lo cierto hasta el momento es que los desaparecidos no regresan y mantienen a las partes en tensión y los que debieran de dar la cara, con cinismo, fingen olvido y culpan a otros.
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