Una corte de Nueva Orleans (EE.UU.) evalúa una polémica ley de Texas que exige a los votantes presentar un carné con fotografía para votar, lo que podría frenar la participación de parte del electorado en las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre…
En una orden, emitida a última hora del miércoles y a la que accedió hoy Efe, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, determinó que debe de celebrarse una audiencia, para la que no fijó fecha, con el fin de evaluar si la ley discrimina a los votantes. En esa audiencia, los jueces deberán decidir si mantienen o no el bloqueo que pesa sobre la legislación, aprobada en 2013 y contra la que fallaron en agosto del año pasado tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito que consideraron que la ley violaba regulaciones federales. En 2014, una corte de distrito bloqueó la ley, justo antes de las elecciones legislativas de noviembre, así que el Tribunal Supremo decidió que para evitar confusiones la legislación debía seguir en pie y, por ello, aprovechando el vacío legal, hoy todavía la aplican las autoridades. La legislación obliga a los votantes a mostrar un carné con fotografía para poder votar, pese a que en el país no hay un documento nacional de identidad y los ciudadanos no están obligados a disponer de esa identificación. Los defensores de la ley argumentan que evita fraudes, pero sus opositores aseguran que, en realidad, busca impedir el voto de los pobres y las minorías. En un comunicado, el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, consideró que la decisión de la corte “es un gran paso adelante” para proteger las elecciones tejanas, sobre las que debe de decidir el Gobierno del propio estado y no el Gobierno federal, según defiende. “Salvaguardar la integridad de nuestras elecciones es la función principal del Gobierno del estado y es esencial para proteger nuestro proceso democrático”, resaltó Paxton. Leyes similares a la de Texas se han multiplicado en otros estados, como Carolina del Norte, desde que en 2013 el Tribunal Supremo invalidara una sección de Ley del Derecho al Voto que obligaba a los estados de “tradición conservadora” a recibir permiso del Gobierno antes de llevar a cabo modificaciones electorales. Para varias organizaciones, la decisión del Supremo truncó una parte esencial de la Ley del Derecho al Voto, aprobada en 1968 y que permitía al Gobierno eliminar las trabas que los estados ponían a los negros para votar, un derecho que tenían desde 1870 pero que no podían ejercer por la represión, entre otros, del Ku Klux Klan. Varios congresistas y senadores, muchos de ellos del Caucus Hispano del Congreso (CHC), han pedido en varias ocasiones al Congreso que “restaure” la histórica Ley del Derecho al Voto, aprobando una legislación destinada a proteger los derechos civiles de las minorías en todos los estados del país. En Texas, el segundo estado con mayor población hispana, 4,2 millones de latinos tienen derecho a votar, según datos del censo de 2010.
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