Violencia, esclavitud indígena y Justicia: los retos para una nueva Guatemala

EFE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó hoy un informe sobre Guatemala y aunque reconoció avances tras el fin, en 1996, de un “doloroso” conflicto interno de 36 años, apuntó que aún hay “desafíos estructurales” en materia de Justicia, seguridad y discriminación indígena…

Estas son algunas de las conclusiones principales que se esgrimen en el informe “Situación de los derechos humanos en Guatemala: diversidad, desigualdad y exclusión”, cuya presentación estuvo a cargo del presidente de la institución, James Cavallaro, entre otros integrantes del organismo hemisférico.
El análisis pormenoriza en los desafíos estructurales en materia de acceso a la justicia e impunidad, la seguridad ciudadana, la marginación y la discriminación que han afectado de “forma severa” a los derechos humanos de todos los habitantes de Guatemala.
Con especial atención se observa la situación de los defensores humanos, los niños, las mujeres, los periodistas, los migrantes y los pueblos indígenas, que aún padecen “formas contemporáneas de esclavitud”, cuyo fin es la explotación económica.
“La situación laboral de las personas indígenas continúa siendo sumamente preocupante al encontrarse sujetas a diversas formas de explotación”, como “el trabajo forzado” o “la explotación servil”, además de la falta de acceso a servicios básicos como educación, sanidad, alimentación o un trabajo digno, señala la CIDH.
De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria 2008, citada en el análisis, en Guatemala hay unas 5.043 unidades productivas agrícolas en las que persisten las “colonias de peones” o “mozos colones”: familias y comunidades que sobrevivieron generación tras generación en una finca sirviendo a los “patronos” por “míseros” salarios.
Este es solo uno de los muchos ejemplos que evidencia el racismo y la discriminación que sufren los pueblos originarios, aunque las mujeres, que cohabitan en una sociedad caracterizada por el machismo y el patriarcado, junto con los niños, son el colectivo más vulnerable.
Coyunturas como la descrita colocan a los indígenas en una situación de “pobreza y pobreza extrema”, consecuencia de la negativa del Estado de Guatemala de reconocer el “genocidio” que sufrió el pueblo maya duran el conflicto armado interno (1960-1996), que se saldó con más de 200.000 víctimas, de acuerdo con el documento de la CIDH.
Las fuerzas del Estado y grupos militares afines fueron, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, responsables del 93 % de las violaciones documentadas, mientras que los grupos insurgentes produjeron el 3 % de tales actos.
Por ello, y debido a que los militares tienen una capacitación específica y particular, la CIDH pide a Guatemala no utilizar a las fuerzas armadas para mitigar los altos índices de violencia, que colocan al país como uno de los más inseguros de América Latina.
En Guatemala se comenten a diario una media de 16 asesinatos, además de desapariciones forzadas y linchamientos que van en aumento, pero otro dato que preocupa a la Comisión es el elevado índice de la impunidad.
Según un informe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), entre el 98,4 y el 99,1 % de los casos de homicidios denunciados quedan impunes, por lo que urge una administración de Justicia “eficiente, independiente y autónoma”, capaz de dar respuesta, por igual, a toda la población.
Históricamente, todos los Gobiernos han tenido que hacer frente a una situación socioeconómica grave, con altos índices de desigualdad y exclusión, en un contexto de discriminación, corrupción, violencia creciente, racismo y escasos recursos.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, no es la excepción. Por delante se le presentan grandes desafíos, por lo que debe adoptar medidas “para asegurar a los guatemaltecos vivir en un país libre de violencia, continuar la lucha contra la impunidad, la corrupción, la exclusión y la discriminación” y retomar los Acuerdos de Paz.
Estos preceptos, firmados en 1996, pusieron fin a la guerra y se convirtieron en una “oportunidad histórica” para superar el pasado y hacer Justicia, pero 20 años después de su firma se evidencia que “la mayor parte de las graves violaciones a los derechos humanos” cometidas durante la guerra siguen impunes.
La CIDH recordó que el Estado de Derecho de Guatemala solo se podrá consolidar cuando sectores “históricamente excluidos”, como los pueblos indígenas -que en el país representan al menos el 41 % de la población-, logren una participación más igualitaria en la sociedad y en la toma de decisiones.
En este sentido, abogó por reconocer la propiedad de la tierra de estas comunidades, lo que sería una “oportunidad para la reducción de la inseguridad jurídica” y una opción “clave para avanzar en el reconocimiento de derechos históricos”.
A este propósito, también exhortaron a Guatemala a velar por los defensores de derechos humanos, una pieza “irremplazable” para la construcción de una sociedad democrática, sólida y duradera, quienes entre enero y septiembre de 2015 sufrieron 380 ataques o agresiones.
Y no solo sufren de la criminalidad, también de una persecución legal: según cifras de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), en 2013 sufrieron 61 denuncias, 40 de ellas con detenciones “ilegales”.
Cavallaro reconoció que hay trabajo por delante, pero mostró la disponibilidad de Guatemala y la CIDH para colaborar en la búsqueda de soluciones efectivas y prontas.