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Funcionarios mexicanos habían declarado que sería “casi suicida” no hacer nada en el caso del militar de alto rango; al final no le presentarán cargos. Fiscales de Estados Unidos acusaron a Salvador Cienfuegos tras años de investigación y México lo eximió después de dos meses.
Por Marina E. Franco
Lo que empezó en Estados Unidos como una investigación de varios años al exsecretario de Defensa mexicano por sus aparentes vínculos con grupos del narcotráfico terminó en México con su libertad y otra denuncia: que los cargos fueron “fabricados” por las autoridades estadounidenses.
Así opinó el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, apenas horas después de que el general Salvador Cienfuegos fuera exculpado por la Fiscalía mexicana, que dedicó menos de dos meses a revisar las evidencias recopiladas por los fiscales estadounidense desde 2013.
La Fiscalía General de México (FGR) anunció la noche del jueves que no procederá penalmente contra Cienfuegos después de haber revisado el archivo, porque, en su opinión, los cargos no se sostienen.
López Obrador (apodado AMLO), quien ha optado por darles cada vez más poder a las fuerzas armadas, fue más allá este viernes al sugerir que esos cargos “se le fabricaron” a Cienfuegos por parte de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés).
Opinó que “se intentó consciente o inconscientemente afectar la relación” bilateral de México con Estados Unidos, al acusar a Cienfuegos y al detenerlo sin dar aviso previo a las autoridades mexicanas, pero que ese asunto “se corrigió” y el resultado es que Cienfuegos estará en libertad.
En México alrededor del 95% de las denuncias no son resueltas ni castigadas, y más de nueve de cada 10 delitos ni siquiera son denunciados, según estadísticas oficiales.
Analistas advierten que el que ni siquiera habrá una investigación real sobre el caso del militar es una muestra preocupante del “creciente poder del Ejército” y de la falta que todavía hay en capacidades para investigar denuncias de abusos graves.
El Departamento de Justicia estadounidense dijo este viernes que se “reserva el derecho de reiniciar el proceso contra Cienfuegos si el Gobierno mexicano fracasa en hacerlo”, según una vocera.
El tema del general pudiera volverse así un asunto espinoso que herede la Administración entrante de Joe Biden a partir de la próxima semana, sobre todo dadas las acusaciones que López Obrador está haciendo hacia la DEA.
“La decisión de eximir al general Cienfuegos […] es otro clavo en el ataúd de la cooperación para la seguridad e inteligencia bilateral”, opinó el académico Duncan Wood, director del Mexico Institute.
El fiscal, Alejandro Gertz Manero, no estuvo en la conferencia de prensa de este viernes donde se discutió la decisión. Por su parte, el presidente dijo que las fiscalías actúan con independencia.
Sin embargo, intentó generar sospechas hacia la fiscalía estadounidense al cuestionar por qué Cienfuegos fue detenido en octubre “en vísperas de las elecciones” cuando, supuestamente, el general también había estado en territorio estadounidense en marzo y en ese momento no se actuó contra él.
“¿Se pretendía debilitar al Gobierno de México, a las fuerzas armadas de México, que nos confrontaramos con el actual Gobierno [de Trump]?”, cuestionó López Obrador, pese a que hay acuerdos de colaboración entre autoridades mexicanas y las autoridades antidroga estadounidenses, que suelen trabajar junto con las fuerzas armadas mexicanas.
“Tenemos que procurar que haya justicia, pero no podemos ser injustos”, declaró el presidente, “no porque se hace una investigación en el extranjero con eso nos conformamos y es una sentencia”.
López Obrador depende cada vez más de las fuerzas armadas, a pesar de que prometió durante su campaña que abandonaría la política de “militarización” que habían seguido administraciones previas.
Además de sus funciones generales de defensa del territorio, les ha encargado la seguridad pública de resguardo a ciudadanos comunes, los puertos y hasta el proceso para entrega de las vacunas contra el coronavirus.
Es en gran medida por eso que el Gobierno mexicano ejerció una presión nunca antes vista hacia sus pares estadounidenses para conseguir que el Departamento de Justicia retirara los cargos impuestos a Cienfuegos y que lo regresara a México, con argumentos de “consideraciones de política exterior”.
Cuando el general retornó a territorio mexicano, en noviembre de 2020, el canciller, Marcelo Ebrard, dijo que la revisión del archivo sería “con los más altos estándares de efectividad y de honestidad” y que sería “casi suicida” no realizar una investigación apropiada.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana incluso había aprovechado la revisión del caso estadounidense contra Cienfuegos en México para recalcar que cuando él era secretario de Defensa hubo por lo menos 149 víctimas confirmadas de tortura, desaparición forzada o ejecuciones a mano de las fuerzas armadas. No queda claro si esas denuncias todavía serán revisadas.
Este viernes, Ebrard minimizó sus propios comentarios respecto a acciones “suicidas”. Dijo que no necesita haber condena para que haya credibilidad, aunque ni siquiera hubo una acusación con cargos.
“La justicia no es solo castigar”, dijo este viernes López Obrador, el mismo que hace unos meses estaba acusando a jueces de promover “debidos pretextos” cuando los magistrados pedían que se respetara el debido proceso.
“No vamos a fabricar nosotros delitos”, agregó el mandatario este viernes.
En México hay un historial de hacer justamente eso: múltiples organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado que las autoridades acostumbran torturar a personas para forzar a que se declaren culpables pese a no serlo, o suelen dejar a sospechosos en prisión preventiva durante años, sin que se programe su juicio ni se recopile suficiente evidencia en su contra.
La prisión preventiva además fue ampliada con una reforma en 2019, celebrada por López Obrador e impulsada por congresistas de su partido, Morena.
“En un país con prácticas endémicas de corrupción e impunidad por abusos militares, el regreso de Cienfuegos […] se consideraba una prueba de si la FGR podía superar la corrupción y las consideraciones políticas”, señaló el centro de investigaciones Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés).
“FGR reprobó”, indicó el grupo, y “el caso Cienfuegos refuerza serias preocupaciones sobre el creciente poder del Ejército y sobre las posibilidades de la FGR de investigar graves delitos y casos de derechos humanos”.
López Obrador prometió este viernes que, para fines de transparencia, el expediente de cientos de páginas que las autoridades estadounidenses habían compartido con la fiscalía mexicana será abierto para que lo revise todo el público. No dio fecha.
La abogada Sofía de Robina destacó lo curioso de que el presidente mencionara transparencia en ese caso. “Conocer, transparentar, rendir cuentas: ahí es donde no han querido ceder con las fuerzas armadas”, indicó. “Qué bueno que Cienfuegos sí conoció el expediente en su contra, que a otras víctimas tantas veces se les niega“, agregó.
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