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La muerte de más de 40 niños en Hermosillo, Sonora, en la primera semana de junio es una herida que nunca va a cicatrizar en la sociedad de ese lugar. Los señalamientos que se han hecho por parte…

Por: Eduardo Blancas 

 La muerte de más de 40 niños en Hermosillo, Sonora, en la primera semana de junio es una herida que nunca va a cicatrizar en la sociedad de ese lugar.  Los señalamientos que se han hecho por parte de los mismos hermosillenses caen uno tras otro y van dejando en claro el retrato que nadie quiere ver: el de un país en el que “el que no tranza, no avanza”.

 Estas son algunas de las denuncias: — La guardería trabajaba inadecuadamente en una bodega adaptada para que funcionase como estancia infantil.  
 
— Junto a la guardería, en otra nave industrial se guardaban objetos decomisados por la Secretaría de Hacienda sonorense, pero esto se encuentra en el abandono por falta de mantenimiento, lo que fomentaría plagas como cucarachas, moscas o ratas.  — No había salidas de emergencia adecuadas, pues una de ellas estaba bloqueada, en aras de aprovechar mejor el lugar para el negocio y la otra resultaba insuficiente.  
 
— Las paredes y techos eran de materiales industriales, impropios para instalaciones donde las personas tuviesen que pasar el día entero, y eso fue lo que justamente acabó con la vida de la mayoría de los chiquillos, pues murieron quemados por plásticos que ardiendo se les pegaron a sus cuerpecitos, mientras otros murieron asfixiados.  
 
 Estos son sólo algunos de los muchos detalles que poco a poco aquella comunidad va descubriendo, se va planteando y desde luego tratando de hacer públicos ante el inicial silencio de las autoridades.
 
 La molestia e indignación generalizadas obligaron al gobierno del estado de Sonora a dar la cara, pero conforme pasan los días, no se han encontrado oficialmente responsables, porque no se ha hecho una investigación seria que termine señalando con exactitud en donde estuvieron las fallas y quiénes son los auténticos culpables de ésto.
 
 Los sonorenses han señalado con el dedo a Marcia Gómez del Campo Tonella y a Sandra Téllez Nieves, además de Gildardo Urquídez Serrano, propietarios de la guardería, como quienes deben dar explicaciones y responder a la justicia por la tragedia.
 
 La Guardería ABC, trabajaba bajo contrato de “subrogación” con el Instituto Mexicano del Seguro Social, esto es que ante la falta de instalaciones o servicios de la institución, ésta contrató los servicios de particulares para satisfacer las necesidades de sus derechohabientes.
 El Seguro Social pagaría aproximadamente 420 mil pesos, 42 mil dólares, al mes a la guardería ABC por los 200 niños que albergaba.  Más de medio millón de dólares al año.
 
 Es obvio que para obtener un contrato de subrogación, debería de haberse dado una licitación pública.  En este proceso varios interesados tendrían que haber competido por el contrato, pero éste, al final quedó en manos de quien manejaba la información emanada del gobierno, y que conocía de antemano el monto de los presupuestos, y quién sabe cuantos datos más que evidentemente fueron aprovechados para sí mismos, traicionando la confianza que un gobierno electo de manera popular les había dado.
 
 El costo de esta traición a la confianza del pueblo sonorense es irreversible.  La muerte de estos pequeños no tiene remedio y los únicos resultados que se verán al respecto serán renuncias y despidos.  Pero no veremos lo que la justicia debería arrojar: los responsables de esta tragedia tras las rejas por varios delitos, entre ellos el de homicidio imprudencial.  
 
 Difícilmente alguien pagará con prisión, como debería de ser, porque las investigaciones serán lentas e imprecisas, porque lamentablemente sigue vigente el dicho de que en México “el que no tranza, no avanza”.  Pero este durísimo golpe que ha devastado a un pueblo, le traerá una dolorosa madurez que seguramente dará una respuesta en las urnas durante la próxima elección.
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