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Confusión por cambio en Ley del Castigo que beneficia a indocumentados

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EFE


Abogados de inmigración califican de “acto de compasión” del Gobierno la eliminación desde hoy de la Ley del Castigo, que se aplicaba a quienes buscaban regularizar su estatus tras años de indocumentado en EE.UU., pero advierten que no es un perdón generalizado y solo se aplica a determinados casos…

Con la nueva regla, denominada perdón 601-A, se anulan las sanciones de hasta 10 años sin regresar al país que se aplicaban a aquellos que hubieran permanecido más de un año sin autorización.
Así, los cónyuges e hijos solteros de ciudadanos, o de residentes legales permanentes, pueden pedir un perdón para salir del país, completar el trámite consular y regresar en una semana con el estatus de inmigrante, a la espera de que le llegue por correo la tarjeta verde (green card).
La abogada de inmigración Beatriz Frausto-Sandoval declaró a Efe que “hay mucha gente confundida” con la nueva regla, porque “todo el mundo espera pedir perdón”.
Por su parte, Víctor Nieblas, expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), indicó que entre quienes lo consultan “hay muchas preguntas, muchas dudas y mala información”.
“Tal vez es lo que quieren escuchar, pero en este momento hay que ser cuidadosos y buscar la ayuda de abogados competentes, porque no es un perdón generalizado y hay que evitar caer en manos de notarios o llena papeles”, advirtió.
Las primeras estimaciones de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) sitúan en unas 100.000 personas las que se beneficiarían con perdón 601-A, de un total de cuatro millones de extranjeros que esperan actualmente por una visa de inmigrante.
Los que pidan el perdón a partir de hoy deberán demostrar las “dificultades extremas que sufrirían sus cónyuges, padres ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales si la exención no es concedida”.
Nieblas explicó que el perdón ha existido desde el 2013, pero ahora se expande a los residentes permanentes, personas que ganaron la lotería de visas o los que tienen casos pendientes por visas de trabajo.
Sin embargo, aclaró, aunque el perdón sea aprobado por Inmigración, el postulante tiene que salir igualmente del país para la entrevista consular y la decisión final sobre la visa está a cargo del Departamento de Estado.
Según Nieblas, todavía existen riesgos, porque, a menos que se trate de “un caso limpio” de un indocumentado que se ha casado y quiere regularizar su estatus, en la entrevista pueden surgir antecedentes penales no declarados, deportaciones o detenciones en la frontera.
“El inmigrante sale del país bajo su propio riesgo, y es por eso que tiene que estar bien asesorado para que no le caiga el peso de la Ley de Castigo y se vea imposibilitado de regresar”, agregó.
Frausto-Sandoval dijo que el cambio de protocolo será una ayuda “para mucha gente”, pero no el cambio fundamental que esperan muchos para abrir paso a la legalización de millones de indocumentados. “Solamente el Congreso puede cambiar las leyes”, expresó.
La abogada calificó la medida como un “acto de compasión” del gobierno del presidente Barack Obama, que considera que las familias inmigrantes “no merecen estar separadas durante tanto tiempo”.
La gestión del perdón 601-A cuesta 670 dólares, incluyendo las pruebas biométricas, pero a partir de octubre aumentará a 715 dólares.
USCIS estima que el trámite demandará entre 7 y 9 meses, aunque con el aumento de las peticiones también será mayor el tiempo de espera.
Según lo informado, no se aprobarán solicitudes de perdón de personas que pueden convertirse en una carga pública o que padecen una enfermedad que los convierte en un peligro para otras personas.
Tampoco a los involucrados en tráfico de drogas, quienes hayan cometido delitos graves o inmorales, pertenezcan a pandillas o se hayan casado con más de una persona.

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