EL TRUMPISMO PERMEA EL EQUILIBRIO DEL ESTADO

Hoy, el racismo norteamericano nuevamente recobra su vigor abominable con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.  Desde que asumió la Presidencia, el nuevo mandatario inmediatamente dispuso prohibir la entrada de inmigrantes de países islámicos, invocando una política de seguridad nacional, que es incongruente con la tradición histórica del país.
Este tipo de políticas no solamente es extremista, sino también es un atentado contra la libre práctica de la religión, los derechos humanos, derechos individuales y derechos civiles. También es un insulto a la democracia.
A diferencia de muchos países de la región latinoamericana, el equilibrio de poderes del Estado es una práctica histórica que ha permitido la gobernabilidad de la sociedad y la estabilidad del sistema político. Cada uno de los tres poderes –Jurídico, Legislativo o Ejecutivo— ejerce un control sobre cada uno de ellos mismos. 
En este sentido, después de emisión del proyecto anti-islamista de la Administración Trump, misma que intentaba prohibir la entrada de personas de algunos países islámicos, las cortes federales inferiores trataron de balancear la “mano fuerte” del Ejecutivo.
James Robart, juez federal de distrito en el estado de Washington, dictaminó a favor de una demanda iniciada por el gobierno de ese estado en contra de las políticas anti-islámicas de Trump.
De esta manera se destruyeron momentáneamente los planes de crear una política represiva contra aquellas personas que practican el islamismo y contra países, cuyos ciudadanos tienen una tradición religiosa islámica.
Sin embargo, el tema de la prohibición no se detuvo en las cortes inferiores federales, sino que fue debatida en la Corte Suprema de Justicia.

A pesar de que la mayoría de los norteamericanos se oponen a este tipo de políticas, la Corte Suprema de Justicia levantó parcialmente el bloqueo.  Los magistrados estimaron que la prohibición de la entrada por 90 días a nacionales islámicos de Irán, Libia, Somalia, Sudan, Siria y Yemen, es constitucional, y otros elementos radicales de esta orden ejecutiva pueden ser implementados por las entidades gubernamentales que controlan el flujo migratorio del país.
No obstante, la corte también manifestó que la prohibición no afecta a quienes “tienen un argumento creíble de relación bona fide o de buena fe con una persona o entidad de Estados Unidos”.
Asimismo, la Corte validó los 120 días de control sobre la llegada de refugiados al país; es decir, no se permitirán ningún tipo de asilados durante este tiempo.
La decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia condona las arbitrariedades del trumpismo, se está prestando a su retórica anti-inmigrante, anti-islamista y anti-democrática.  Se está debilitando el equilibrio de poderes del Estado.
Humberto Caspa, Ph.D., es profesor e investigador de Economics On The Move.