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La presa que destapó la riqueza inexplicable de un político

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Si tuvo para eso y luego destruirla, ¿cuánto dinero logró en seis años?

Proyecto sin fin- Yahoo Noticias
Enrique Pérez Quintana

Cuartoscuro.com – Foto: Archivo Cuartoscuro

En 2009, ocupó el gobierno del estado de Sonora Guillermo Padrés con lo que el PAN desplazó del poder al gobernador del PRI Eduardo Bours Casteló. Se interpretó que este hecho fue el castigo ciudadano por el incendio de la Guardería ABC en el que murieron 49 niños y 106 resultaron heridos y benefició al candidato del PAN que no figuraba como posible vencedor en las preferencias del voto…

Entre las muchas promesas de Padrés para llegar a la gubernatura estuvo la persecución de los responsables del incendio, también el no aumento en las tarifas de los servicios del estado y el compromiso de realizar la administración transparente de las finanzas públicas. Ninguna de esas y otras promesas cumplió y en los hechos actuó en contrario.

Ahora las autoridades del estado de Sonora informan que Guillermo Padrés está bajo investigación por la posible realización de operaciones financieras con dinero de origen ilícito. El juez Chastré Leyva Miranda, titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Penal, otorgó tres órdenes de cateo para revisar propiedades del exgobernador.

Los investigadores aseguraron varias computadoras, discos duros, facturas y talones de cheques como evidencia de los movimientos financieros y la administración de los ranchos de las familias Padrés Elías y Padrés Dagnino.

Recientemente fue detenido Luis Aristiga López, empleado de Guillermo Padrés, en posesión de más de 3.5 millones de pesos que transportaba en una hielera y cuya procedencia no pudo comprobar. Fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común para integrar la averiguación previa por la posible comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La salida de Guillermo Padrés del gobierno de Sonora se ha caracterizado por el escándalo. En su segundo día como gobernadora del PRI en el estado de sonora, Claudia Pavlovich denunció que se investigaría el sobregiro de 10 mil millones de pesos que dejó en el erario el gobierno del panista Guillermo Padrés. “No es sólo una advertencia al exgobernador sino todos aquellos que actuaron de manera incorrecta y que se llevaron lo que no era de ellos. Los sonorenses vieron su confianza defraudada y no vieron soluciones. No hubo pulcritud en el manejo de los recursos públicos”.

Derivado de un proceso de investigación, el mes pasado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sancionó al gobierno del estado de Sonora por no cumplir el Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal, lo que provocó un perjuicio al fisco federal de mil 705 millones de pesos.

El SAT informó que a principios de 2015 se inició la investigación y se pudo establecer, ahora, que fueron beneficiados 574 contribuyentes a través de 829 auditorías realizadas por la entonces Dirección General de Auditoría Fiscal del Estado de Sonora. Lo que implica que el gobierno de Guillermo Padrés exentó del pago de sus obligaciones fiscales a esos contribuyentes.

La administración de Padrés autorizó pagos en parcialidades de Impuesto al Valor Agregado y de retenciones de ISR e IVA, en contravención al Código Fiscal de la Federación; fueron avalados préstamos millonarios sin realizar procedimientos para verificar su origen y procedencia, además se validaron operaciones con clientes o proveedores con las copias de las facturas omitiéndose el procedimiento de comprobar con el tercero las operaciones realizadas, generando con ello afectación a los intereses del fisco federal.

Al día siguiente de que Padrés dejó el gobierno, fue puesta en libertad Gisela Peraza, quien estuvo presa 4 años después de haber trabajado por nueve años para la familia del exgobernador, fue acusada de “robar cinco millones de pesos y joyas de la casa de gobierno; fue torturada y privada de su libertad. Presentó una denuncia penal en contra de 20 ex funcionarios de la pasada administración y exige un resarcimiento económico por 20 millones de pesos.”

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