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María Peña / Noticias Telemundo
Tribunal Supremo escuchará este martes los argumentos orales a favor y en contra de un programa de alivio migratorio que desde 2012 ha protegido de la deportación a alrededor de 700.000 jóvenes indocumentados en Estados Unidos.
El entonces presidente Barack Obama anunció en junio de 2012 el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que ha dado cobijo temporal a los llamados dreamers, o soñadores, y les ha servido como palanca de ascenso social.
La Administración Trump dijo que DACA era ilegal y anunció su desmantelamiento en septiembre de 2017. Tras una extensa batalla legal por grupos que impugnaron su cancelación, el caso ha llegado ante los nueve magistrados del Tribunal Supremo, que emitirán un dictamen a más tardar el 30 de junio de 2020.
A continuación, las claves para entender uno de los casos más transcendentales ante la máxima corte del país en esta sesión:
¿Cómo llegó el asunto hasta el Tribunal Supremo?
En 2018, tres tribunales federales en San Francisco (California), Nueva York y Washington, D.C, sede de la capital, exigieron a la Administración Trump continuar DACA, pero sólo para la renovación de los permisos de trabajo por dos años, no para nuevos casos.
La Administración apeló cada dictamen, y el asunto llegó hasta el Tribunal Supremo, cuyas decisiones son inapelables.
El Tribunal Supremo decidió consolidar tres casos relacionados con DACA, provenientes del Noveno Circuito de Apelaciones, la corte de circuito de Washington, y la del Segundo Circuito, en uno solo.
¿Qué asuntos y argumentos estudiará el Tribunal Supremo?
El Tribunal Supremo estudiará si el desmantelamiento gradual de DACA violó el Acta sobre Procedimientos Administrativos (APA, por su sigla en inglés), una ley federal que establece las normas para cambiar los reglamentos gubernamentales. Salvo algunas exenciones, la ley APA dicta que las acciones de las agencias federales no pueden ser “arbitrarias y caprichosas”.
De esta forma, el Tribunal Supremo determinará, por un lado, si las cortes federales siquiera tienen autoridad para revisar la anulación de DACA y, por otro, si la Administración violó la ley APA al cancelar el programa de manera “arbitraria y caprichosa”.
La Administración Trump argumentó en septiembre de 2017 que DACA es “totalmente ilegal” y, por lo tanto, debe descontinuarlo. El abogado del gobierno ante el Tribunal Supremo, Noel Francisco, agregó mucho después que, así como Obama tuvo autoridad para implementar DACA, también Trump la tiene para anularlo.
Mientras, los partidarios del programa, incluyendo una vasta coalición de grupos cívicos, religiosos y empresariales, replican que Obama lo instituyó como parte de su “discreción procesal” para crear exenciones al cumplimiento de las leyes migratorias, y lo hizo con apego a la ley APA.
En cambio, la Administración Trump canceló DACA sin una base legal sólida, agregan.
Para una Administración que ha usado su autoridad ejecutiva para imponer restricciones de viaje a ciertos inmigrantes musulmanes, desviar fondos para el muro fronterizo, y amenazar a ‘ciudades santuario’, entre otras medidas, su argumento contra DACA parece estar en entredicho.
¿Cuáles son los escenarios que sopesa el Tribunal Supremo?
En este caso, que en esencia analiza los poderes presidenciales respecto a inmigración, el Tribunal Supremo, de tendencia conservadora, podría reafirmar los dictámenes de los tres tribunales federales, dejando en pie DACA para la renovación de permisos.
También podría dar una pequeña pero importante victoria política a Trump, si acepta la polémica justificación que usó su Administración para anular DACA y le permite completar su desmantelamiento.
En el peor de los casos para los dreamers, el Tribunal Supremo podría determinar que DACA es “ilegal” y apoyar su anulación, e impedir que ningún gobierno futuro pueda reactivarlo.
¿Qué pasa si el Tribunal Supremo apoya la cancelación del programa?
Si el Tribunal Supremo apoya la cancelación de DACA, alrededor de 700.000 jóvenes quedarían expuestos a un posible proceso de deportación. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional en teoría da prioridad a la deportación de inmigrantes con antecedentes penales, nada le impide expulsar a cualquier dreamer que quede atrapado en una redada o acción policial.
Así, los dreamers correrían el riesgo de perder sus empleos, licencias de conducir, préstamos estudiantiles, y casas o negocios adquiridos gracias a DACA.
Las secuelas de la separación familiar se sentirían en la comunidad en general, porque los dreamers, en su conjunto, han tenido 256.000 hijos nacidos en Estados Unidos.
¿Cuántos y quiénes son los dreamers afectados por la decisión final?
Según la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por su sigla en inglés), en la actualidad hay 660.880 jóvenes amparados a DACA.
La cifra es inferior a la original porque muchos han ajustado su estatus migratorio, no han renovado sus permisos, o el Gobierno se los ha revocado.
La mayoría proviene de México, El Salvador, Guatemala, y Honduras, en ese orden, aunque también los hay del resto de América Latina, Asia, África y el Medio Oriente.
La mayoría vive en estados con altas concentraciones de inmigrantes hispanos, encabezados por California, Texas, Illinois, Nueva York, Florida, Arizona, y Carolina del Sur, según USCIS.
¿Qué impacto tendrá la anulación de DACA en la economía?
Numerosos estudios han documentado, desde al menos 2013, el impacto de las aportaciones de los dreamers para las economías locales, estatales y nacional, y su huella indeleble en el tejido social y cultural del país.
El Centro Para el Progreso Estadounidense dijo en un estudio reciente que, cada año, los beneficiarios de DACA pagan 613,8 millones de dólares en préstamos hipotecarios y 2.300 millones de dólares en alquiler, además de pagar 5.700 millones de dólares en impuestos federales, y otros 3.100 millones de dólares en impuestos locales y estatales.
Mientras, un estudio de 2017 del Instituto CATO, de corte libertario, indicó que si el Tribunal Supremo apoya cancelar DACA, EEUU perdería unos 215.000 millones de dólares en su crecimiento económico, y dejaría de recabar 60.000 millones de dólares en impuestos federales en una década.
¿Qué ha hecho el Congreso para resolver la crisis?
Obama siempre dijo que DACA era un parche temporal y que correspondía al Congreso aprobar una solución legislativa permanente.
En junio pasado, la Cámara de Representantes, bajo control demócrata, aprobó por mayoría un proyecto de ley que legaliza a los dreamers y les ofrece una vía hacia la ciudadanía. El Senado, bajo control republicano, no lo ha sometido a debate ni a voto.
A cambio de proteger a los dreamers, Trump ha exigido más fondos para el muro y la vigilancia fronteriza, y más restricciones a la inmigración legal, condiciones que los demócratas han rechazado en cada ocasión.
Fuentes: Tribunal Supremo de EEUU, Center for American Progress, Instituto CATO, Departamento de Seguridad Nacional, y Centro Nacional de Leyes de Inmigración
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