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A Menos de 72 horas de que la administración del presidente Biden anunciara los detalles del programa “Manteniendo Unidas a las Familias”, para beneficiar a personas indocumentadas casadas con ciudadanos o ciudadanas estadounidenses, un juez federal de Texas bloqueó la medida para beneficiar a por lo menos 150,000 familias.
Por supuesto la decisión del juez J. Campbell Barker –colocado en ese puesto nada más y nada menos que por Donald Trump- no ocurrió en el vacío. Fue en respuesta a una demanda presentada por el gobierno del gobernador de Texas Gregg Abbott y por las fiscalías de 16 estados gobernados por republicanos.
En su ficha del juez Barker, la Alianza por la Justicia (AFJ) destaca que el juez trabajó en un caso sumamente controvertido en el que Texas pretendía volver a juzgar a un hombre con discapacidad intelectual que, después de que su condena por asesinato fuera revocada en apelación, pasó 32 años en prisión.
“Barker defendió los esfuerzos del estado para ejecutar a un hombre afroamericano basándose, en parte, en el testimonio de un psicólogo que decía que la raza del acusado lo hacía estadísticamente más propenso a cometer un delito violento”, dice la ficha.
Y uno se pregunta. ¿Cuál es la lógica detrás de esta estrategia republicana de buscar ofender innecesariamente a las minorías, en especial a la comunidad Latina?
La acción ejecutiva del presidente Biden no sólo beneficia a las personas indocumentadas, sino también a sus esposos y a sus hijos que son ciudadanas y ciudadanos de los Estados Unidos.
Pero la estrategia de los republicanos no se queda allí. Su plataforma ofrece un “plan agresivo para detener las políticas de fronteras abiertas que han abierto las compuertas a una oleada de migrantes en la frontera sur”.
Las más importantes promesas de los republicanos son cerrar la frontera con México y detener la invasión de migrantes. En segundo lugar, contempla llevar a cabo la más grande operación de deportaciones en la historia de los Estados Unidos.
La Plataforma Republicana está alineada con las promesas de campaña de Trump, quien ya prometió ser dictador sólo por un día, para cerrar la frontera con México a partir del mediodía del 20 de enero de 2025, si gana la presidencia.
Los republicanos ofrecen también “completar el muro fronterizo con México y trasladar porciones masivas de las fuerzas del orden federal a las fuerzas de migración y utilizar tecnología avanzada para monitorear y asegurar la frontera. Usaremos todos los recursos necesarios para detener la invasión”.
Para ello plantean fortalece al ICE, aumentar las sanciones por entrada ilegal y visas vencidas, y restablecerán el programa “Quédate en México” y otras políticas como el Título 42.
En contraste Kamala Harris y los demócratas ofrecieron luchar por una reforma migratoria “merecida” para millones de indocumentados que residen en los Estados Unidos y que contribuyen a la nación como trabajadores esenciales, como estudiantes ejemplares y como miembros valiosos de sus comunidades.
Las diferencias entre las posiciones republicanas y demócratas son claras y obvias. Pero la última palabra la tendrán los 36 millones de hispanos elegibles para votar, de los cuales se estima que unos 17 millones depositarán su voto el 5 de noviembre. Y cada voto cuenta.
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