ABUSO DE PODER

Durante los primeros dos años de su gobierno, el presidente Donald Trump se acostumbró a gobernar sin el contrapeso de la rama legislativa. Los republicanos se convirtieron en el Partido de Trump y campechanamente ignoraron aquellos actos de Trump que antes le habían criticado a Barack Obama, en especial el abuso de las órdenes ejecutivas.

Su único contrapeso real en la primera mitad de su mandato fue la rama judicial, que no sólo frustró las primeras versiones de su controvertida “Prohibición de Viajes” de países musulmanes, sino que bloqueó la terminación tanto del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) como del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Dos años después, la polémica declaratoria de “emergencia nacional”, decretada por Trump como un pretexto conveniente para construir el muro de la discordia en la frontera con México, confrontó al presidente con dos realidades: la nueva mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y la realización de que la obediencia de los republicanos tiene límites.

No sólo los demócratas aprobaron una resolución de rechazo para bloquear la declaratoria, sino que varios republicanos iniciaron lo que parece ser un movimiento de resistencia anti-Trump en el Senado. En ambos casos no cayó bien la intención del presidente de ignorar al Congreso para construir un muro que muchos ven como dispendioso e innecesario.

Con un voto de rechazo en la Cámara de Representantes y en el Senado, y el consecuente veto presidencial, la construcción del muro queda nuevamente en entredicho. Antes, una veintena de estados encabezados por California habían iniciado una demanda colectiva para frenar el desvió de recursos presupuestales hacia el proyecto de barda.

Por si fuera poco, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes inició una investigación, -sin precedentes-, para determinar si Trump, su familia inmediata o sus colaboradores se enfrascaron en actos de abuso de poder, obstrucción de la justicia o corrupción pública.

Aunque la primera reacción de Trump fue que siempre coopera con las investigaciones, la Casa Blanca puede recurrir al argumento del “privilegio ejecutivo” para no cumplir con los requerimientos del Congreso. No sería la primera ocasión que un presidente se ampara para nublar la transparencia.

Pero los episodios muestran que existe una nueva dinámica política en Washington. Que los días en que el presidente ordenaba y el Congreso aceptaba, son cosa del pasado. Y que, desde ahora hasta las elecciones del 2020, el nuevo juego en la capital se llama “rendición de cuentas”.