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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este jueves movilizar todos los recursos posibles de su Gobierno para “garantizar que las mujeres en Texas tengan abortos seguros y legales”, tras la entrada en vigor de una ley estatal que prácticamente prohíbe esta intervención.
El mandatario lamentó en un comunicado la decisión de la noche del miércoles del Tribunal Supremo del país, que cuenta con una mayoría conservadora reforzada, de no bloquear la ley de Texas, que prohíbe abortar desde las seis semanas de gestación y entró ayer en vigor.
El presidente explicó que ha pedido al Consejo de Políticas de Género y a la Oficina del Abogado de la Casa Blanca que lancen “un esfuerzo gubernamental integral” para responder a la resolución del Supremo.
Biden consideró que la decisión judicial es “un asalto sin precedentes a los derechos constitucionales de las mujeres” garantizados en el fallo de 1973 en el caso de Roe contra Wade.
El aborto fue reconocido como un derecho constitucional en EE.UU. gracias a ese fallo del Supremo, en el que se estableció que una mujer puede acabar con su embarazo durante los primeros seis meses de gestación.
La nueva norma de Texas prohíbe abortar desde las seis semanas de gestación, cuando se puede detectar el latido del corazón del feto y muchas mujeres no saben aún que están embarazadas, y no contempla excepciones en casos de incesto o violación.
Además, permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar infringiendo la prohibición.
Biden destacó que con esa ley “se da poder a particulares en Texas para denunciar a proveedores de servicios sanitarios, familiares que apoyan a la mujer que ejerce su derecho a elegir después de seis semanas o incluso al amigo que la lleva al hospital o la clínica”.
El presidente se quejó de que, gracias a esa norma, a partir de ahora en Texas un completo desconocido podrá entrometerse en “las decisiones más privadas y personales que una mujer afronta sobre su salud” y además se le incentivará con la perspectiva de obtener 10.000 dólares si gana el caso.
Biden arremetió contra el Supremo por haber tomado la decisión sin haber llevado a cabo una sola audiencia y sin “el beneficio de la opinión de una corte de menor instancia”.
En suma, indicó, la acción del alto tribunal supone “un insulto al imperio de la ley y a los derechos de todos los estadounidenses que buscan una reparación en nuestras cortes”.
Y deploró que en vez de emplear su autoridad para garantizar que se puede “buscar justicia de forma justa”, el Supremo permita el sufrimiento de millones de mujeres en Texas.
El gobernador del estado, el republicano Greg Abbott, firmó la ley en mayo pasado, después de que recibiera el visto bueno de la Cámara Baja y el Senado estatal, ambas controladas por los conservadores.
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