EL EXTREMISMO ANTIINMIGRANTE REPUBLICANO SE RECRUDECE Y POSICIONA

Ya sea mediante leyes estatales, ordenanzas municipales, órdenes ejecutivas o medidas federales, si algo tienen en común los republicanos antiinmigrantes es que recurren al mismo libreto de siempre: promueven —y en varias ocasiones implementan— medidas de presunto combate a la inmigración indocumentada que terminan infligiendo daños a comunidades minoritarias. Ese rechazo es en su mayoría contra hispanos, sobre todo mediante el uso del perfil racial y la violación de derechos civiles.

Es una imagen que se han creado ellos mismos y contra la cual ya no pueden combatir, ni siquiera los conservadores más moderados, pues su silencio ante el avasallamiento de la secta política que se ha formado en torno al expresidente Donald Trump ha perjudicado para siempre sus principios y sus valores. Si algo les queda de todo ello, nadie lo sabe porque han preferido que un movimiento racista y antiinmigrante mantenga secuestrado a su partido hasta hoy, a conveniencia.

El ejemplo más reciente lo provee el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien con base en el argumento de que la administración de Joe Biden ha claudicado en su responsabilidad federal de controlar las fronteras, emitió una orden ejecutiva autorizando a la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad del estado a detener indocumentados y retornarlos a la frontera.   Asimismo,  la denominada Operación Lone Star, otra misión conjunta del Departamento de Seguridad Pública de Texas y el Departamento Militar del mismo estado, arrancó en marzo de 2021 supuestamente para controlar la inmigración indocumentada y el tráfico ilícito de drogas.

El caso es demostrar que, desde su perspectiva racial y de poder, el gobernador es capaz de rebasar la ley federal, en franco desafío contra un gobierno demócrata al que ataca un día sí y otro también, para ir posicionándose ante sus potenciales electores a escasos meses de la próxima elección.

Es decir, aparte de que dichas medidas usurpan el rol federal de aprobar y hacer cumplir las leyes de inmigración, de que son puramente politiqueras para mantener el apoyo de los votantes que conforman su base, estas iniciativas son la receta perfecta para el empleo del perfil racial.

La Operación Lone Star, por ejemplo, a la que ya se han destinado unos $4 mil millones provenientes de fondos estatales y para la que se han empleado 10,000 elementos de la Guardia Nacional no tiene el fin de “proteger” la frontera, sino el de criminalizar a los inmigrantes para deportarlos de forma expedita, alegando una supuesta “invasión”, a pesar de que muchos de ellos vienen, paradójicamente, a buscar protección a Estados Unidos.

Con estas draconianas medidas corre peligro inminente alguien que luzca hispano, no importa que sea ciudadano, muchas veces de varias generaciones, de este país, sobre todo en estados como Texas y Arizona, que eran territorio mexicano; también están en riesgo los residentes permanentes, temporales o los indocumentados. Nadie lleva su pasaporte o tarjeta verde pintada en la frente. De manera que es de anticiparse que los guardias nacionales y los policías recurran al uso de perfil racial.

Cómo olvidar los efectos de dos leyes como la SB 1070 de Arizona y la HB 56 de Alabama.

En Alabama, por ejemplo, muchas cosechas se perdieron porque los indocumentados que pizcaban los campos se fueron por miedo a ser detenidos. Los negocios locales dejaron de recibir a los clientes que los abarrotaban y el propio estado dejó de percibir impuestos sobre venta, pues no había consumidores.

El extremismo republicano se ha recrudecido y este partido ha seguido sumando gubernaturas y asambleas estatales que son terreno fértil para este tipo de medidas, como vemos en Texas. Se aproximan las elecciones de medio tiempo donde existe el potencial de que los republicanos retomen el control de una o ambas cámaras del Congreso, y es de anticiparse que impulsen una agenda migratoria tan extremista como las figuras que controlan al Partido Republicano.