Fuerzas de seguridad mexicanas, en punto de mira por ejecuciones arbitrarias

EFE

La denuncia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mexicana de que la Policía Federal ejecutó de forma arbitraria a 22 civiles en el occidental municipio de Tanhuato en 2015 pone de nuevo en la mira a las fuerzas del orden, marcadas ya por los casos Ayotzinapa y Tlatlaya…

El informe de la CNDH sobre lo ocurrido el 22 de mayo de 2015 en el rancho del Sol, en el estado de Michoacán, que dejó un saldo de 43 muertos, desvela que por parte de los policías hubo uso excesivo de la fuerza que acabó con la vida de civiles, así como tortura, manipulación de evidencias y falsedad en las informaciones.
En una rueda de prensa sobre el resultado de la investigación, el titular de la Comisión, Luis Raúl González, afirmó que hubo 22 ejecuciones arbitrarias de civiles.
Pese a que no recibieron disparos a corta distancia -todos a más de 90 centímetros-, se puede hablar de ejecuciones arbitrarias porque las víctimas “presentaban una posición de desventaja respecto a sus agresores”, indicó Ismael Eslava, primer visitador general de la CNDH.
Además, cuatro personas murieron por el “uso excesivo de la fuerza”: una que recibió un disparo por parte del helicóptero que llegó al lugar como refuerzo; dos que estaban escondidas detrás de unas palmeras sin armas, y otra más que falleció en el incendio que se produjo al interior de una bodega.
Respecto a otros 15 cadáveres con señales de arma de fuego, la CNDH “no puedo establecer técnicamente las circunstancias del deceso y el grado de participación en el enfrentamiento armado”.
El recuento de víctimas mortales lo completa un policía federal y otro civil que muestra signos de haber sufrido un atropellamiento.
A través del testimonio de testigos, la CNDH estableció que la Policía Federal ingresó al rancho “de manera sigilosa” entre las 6.20 y 7.30 horas, lo que contradice la versión oficial, en la que los elementos reportaron que arribaron al inmueble entre las 8.00 y 8.30 horas.
En un primer momento, llegaron 41 policías, a quienes se les sumó el refuerzo de 54 elementos terrestres y otros 5 en el helicóptero, cuyo artillero disparó 4.000 proyectiles.
Desde que terminó el operativo y hasta que iniciaron las diligencias de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE) los federales “tuvieron aproximadamente cuatro horas para manipular el lugar de los hechos”.
Durante este tiempo se produjo la manipulación de 7 cadáveres y se colocaron deliberadamente armas de fuego junto a 16 cuerpos, apuntó González.
Asimismo, se acreditaron actos de tortura y trato inhumano y degradante a los tres civiles detenidos tras los acontecimientos, a quienes se les señaló como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Estos “fueron agredidos física y psicológicamente y sometidos a interrogatorios mediante amenazas de privarlos de la vida a ellos y a sus familiares”, y uno de ellos presentó una herida por proyectil en el hombro que era “innecesaria para su detención y sometimiento”, aseveró Eslava.
En cuanto a las irregularidades cometidas por la PGJE, la CNDH señaló que tomaron referencias inadecuadas para la ubicación de los cuerpos y las armas, por ser objetos móviles y no fijos, no utilizaron un método de búsqueda idóneo y las fotografías no fueron tomadas adecuadamente.
Además, hubo irregularidades en las necropsias practicadas a 42 víctimas mortales, incluyendo al policía, así como en el reconocimiento y entrega de algunos de los cuerpos.
El visitador agregó que, de acuerdo con testimonios, los cuerpos quedaron “apilados en el suelo” del Instituto de Ciencias Forenses de Morelia, cubiertos de hielo y aserrín, y una fotografía constató cómo un cadáver permanecía semidesnudo sobre el suelo mojado mientras era manipulado por los funcionarios.
El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, aceptó las recomendaciones emitidas por la CNDH a su institución, pero aseguró que en este caso no se configura “la hipótesis de ejecuciones arbitrarias” de 22 civiles.
“El uso de las armas fue necesario y se actuó, en nuestra consideración, en legítima defensa”, afirmó Sales tras asegurar que los agentes se identificaron y exigieron a los civiles que estaban en el rancho que depusieran las armas y “la respuesta fue con disparos de arma de fuego”.
Tras estos comentarios, González exhortó a la CNS a revisar el informe en su totalidad y que no se precipite con sus declaraciones sobre si hubo ilegalidades o no.
Los resultados de la investigación de la CNDH traen a la memoria casos como el de Tlatlaya, en el que 22 civiles murieron a manos de militares en el central Estado de México, o el de Ayotzinapa, en el que 43 estudiantes desaparecieron y fueron presuntamente asesinados por miembros del crimen organizado con la complicidad de policías.