Gobierno mexicano y maestros disidentes definen ruta para resolver conflicto

EFE

El Gobierno mexicano y los maestros que se oponen a la reforma educativa lograron “establecer una ruta” para alcanzar un “acuerdo duradero” a través de tres mesas de trabajo, una centrada en política, otra en educación y una más de carácter social…

Las dos primeras se instalarán los días 13 y 19 de julio, respectivamente, mientras que la mesa de carácter social comenzará sus trabajos el jueves 21, anunció esta madrugada el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
En un mensaje a los medios de comunicación al término de una larga reunión con los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), explicó que cada mesa definirá su propia agenda.
Tras dos meses de protestas y bloqueos en carreteras del país que generaron desabastecimiento de productos básicos en los sureños estados de Oaxaca y Chiapas, se ha “logrado establecer una ruta que nos permita no solamente distender la problemática, sino que sea un acuerdo duradero”, afirmó el ministro.
“Es un logro muy importante en favor de nuestro país, de la tranquilidad, de la gobernabilidad, de la estabilidad”, pero “lo haremos más importante al conducir de una manera correcta estas mesas y lograr los acuerdos”, añadió.
Las mesas sesionarán inicialmente en la sede de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Mediación acompañará dichos trabajos como garante del proceso de diálogo y acuerdo.
Los integrantes de la CNTE, en huelga desde mediados de mayo pasado, aumentaron sus protestas tras la detención en junio de dos de sus líderes en Oaxaca.
El 19 de junio se produjo un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en el municipio oaxaqueño de Asunción Nochixtlán en el marco de las protestas, que dejó un saldo de ocho muertos -la mayoría por impacto de bala- y un centenar de heridos, según cifras oficiales.
La CNTE, que tiene mayor fuerza en Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, los estados más pobres del país, pide la derogación de la reforma educativa de 2013, que estableció la evaluación continua del personal docente y puso fin a añejos privilegios sindicales.
Además, exige la excarcelación de sus dirigentes y un nuevo modelo de educación en el país.