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Fuente: Telemundo 52
En un dictamen muy ajustado, la Corte ordena al Departamento de Seguridad Nacional que “reconsidere de nuevo el problema”, porque no tuvo en cuenta, entre otras cosas, el daño que causaría a cientos de miles de jóvenes inmigrantes.
La Corte Suprema ha anulado este jueves la decisión tomada en septiembre de 2017 por el Gobierno que preside Donald Trump de cancelar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés).
Este dictamen histórico permite así mantener la protección contra la deportación de más de 650,000 jóvenes indocumentados, conocidos como dreamers, y propina un tremendo golpe a la Casa Blanca, sobre todo porque la Corte tiene mayoría de magistrados conservadores, y dos de los nueve jueces vitalicios fueron designados por el propio presidente.
El dictamen, con 5 votos a favor y 4 en contra, considera “caprichosa y arbitraria” la decisión adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional. A favor votaron los magistrados liberales y el presidente de la Corte, John Roberts, que es conservador pero se ha alineado en ocasiones con el bloque más progresista.
Así, esta es la segunda iniciativa adoptada por el entonces presidente, Barack Obama, que se salva gracias a un dictamen de Roberts, después de que en 2012 éste salvase también la legitimidad de su reforma sanitaria, conocida como “Obamacare”.
La Corte no ha decidido “si DACA o su cancelación fueron decisiones sólidas”, algo que considera que no le corresponde, sino que ha analizado “sólo” si el Departamento de Seguridad Nacional siguió los procedimientos correctos para hacerlo, explicó Roberts.
En su opinión, la agencia no tomó en cuenta todos los elementos de su decisión, incluidas las dificultades que atravesarían los dreamers. Ese error, en su opinión, “crea dudas sobre si apreció la magnitud de su capacidad de maniobra, y si la ejerció de una manera razonable”. Así, lo que hace la Corte es ordenar al Departamento de Seguridad Nacional que “reconsidere de nuevo el problema”.
El caso –en realidad tres casos consolidados- llegó a la Corte Suprema después de que la Administración anunciara en septiembre de 2017 la cancelación de DACA, que desde 2012 amparó de la deportación a más de 750,000 jóvenes indocumentados que llegaron al país de la mano de sus padres cuando eran niños.
La cifra actual ronda los 650,000 porque muchos ajustaron su estatus migratorio mediante matrimonio o patrocinio de empleadores, pero el número de posibles beneficiarios llegó a rozar el millón de personas. Hay además al menos una cantidad equivalente de personas que pudo acogerse al programa pero que no lo ha hecho.
Cuando se anunció el desmantelamiento de DACA, Trump fijó plazo hasta marzo de 2018 para que el Congreso diera una solución legislativa permanente, pero ésta es una tarea inconclusa por desacuerdos entre republicanos y demócratas. Además, Trump insiste en condicionar esa medida a una reforma completa del sistema migratorio estadounidense, con más restricciones a la inmigración legal.
Antes de que se cumpliera el plazo, varios tribunales anularon la decisión de la Administración, que fue recurriendo hasta llegar a la Corte Suprema.
En la actualidad, DACA se mantiene en vigor, pero solo para la renovación de permisos de trabajo, no para nuevos casos.
A mediados de agosto de 2019, la Administración pidió así a la Corte Suprema que determinara la legalidad de la anulación de DACA, con base al Acta sobre Procedimientos Administrativos (APA, por su sigla en inglés), una ley federal que establece las normas para cambiar los reglamentos gubernamentales.
Según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC, por su sigla en inglés), la Corte Suprema tenía ante sí un abanico de opciones, incluyendo estas:
– Determinar que las cortes no tienen autoridad legal para revisar la decisión de la Administración y, por lo tanto anular la renovación de permisos bajo DACA. En ese caso, la Administración Trump habría continuado con el desmantelamiento del programa, posiblemente dejando vencer los permisos ahora en vigencia.
– Determinar que las cortes sí pueden revisar la decisión de Trump, y que la anulación de DACA se realizó de forma ilegal, lo que podría restablecer el programa a como estaba el 4 de septiembre de 2017, antes del anuncio del presidente.
-Determinar que la cancelación de DACA fue legal, allanando el camino para que la Administración decidiera cómo llevar a cabo su desmantelamiento.
Se desconoce si la Administración optará por volver a intentar anular DACA con razonamientos diferentes. Pero quedan menos de cinco meses para las elecciones presidenciales, en las que Trump se juega la reelección ante el candidato virtual demócrata, Joe Biden, que ya se ha pronunciado repetidamente a favor de mantener a los dreamers en el país.
Trump se arriesga a erosionar su apoyo entre los votantes latinos si insiste en la cancelación del programa, según expertos consultados. Numerosas encuestas de opinión a través de los años han reflejado que DACA cuenta con el respaldo de la mayoría de los estadounidenses.
La vida de los dreamers
El programa DACA, anunciado por Obama el 15 de junio de 2012, e implementado exactamente dos meses después, ha permitido a los dreamers trabajar, realizar estudios universitarios, comprar casa y montar sus propios negocios.
En algunos estados, también pueden conseguir licencias de conducir, cédulas de identidad, y licencias profesionales.
Además, en su conjunto, los dreamers tienen 256.000 hijos nacidos en este país, dando fe de sus fuertes vínculos con las comunidades donde residen.
Según la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por su sigla en inglés), para el 30 de diciembre de 2019, había un total de 649,070 beneficiarios de DACA, y poco más de 25,980 casos pendientes de renovación.
La cifra es menor que el número inicial en 2012, de casi 800,000, debido a que muchos beneficiarios pudieron ajustar su estatus migratorio a la residencia permanente -ya sea por matrimonio o patrocinio de un empleador; no renovaron sus permisos, o les fueron rechazados.
Para ampararse a DACA, los jóvenes tuvieron que cumplir con numerosos requisitos, incluyendo presencia continua en EE.UU desde el 15 de junio de 2007; tener menos de 31 años antes del anuncio del programa; haber llegado al país antes de cumplir los 16 años, y tener al menos 15 años al momento de solicitar protección.
También tenían que estar inscrito o haberse graduado de secundaria, o un programa equivalente, o ser veterano de las Fuerzas Armadas, y no tener condenas criminales por un delito grave, o por al menos tres delitos menores.
El programa además requiere el pago de una tarifa de 495 dólares por cada vez que se renuevan los permisos de dos años, y la entrega al gobierno de datos biométricos.
Según un análisis del Centro para Estudios de Inmigración, de Nueva York, los dreamers provienen en su mayoría de México, con un 80%; seguidos por El Salvador, con un 4%; Guatemala, con un 3%, y Honduras, con un 2%. El resto de los dreamers proviene, en un uno por ciento cada uno, de países como Perú, Corea del Sur, Brasil, Ecuador, Colombia y Argentina.
Un largo historial de contribuciones
Varios estudios han dado cuenta de las contribuciones de los dreamers en sus comunidades y a la economía en general, contrariando el argumento de grupos ultraconservadores de que son una carga para el país.
Según un estudio del grupo Fwd.Us, los dreamers contribuyen anualmente más de $42,000 millones al Producto Interno Bruto, por concepto del pago de impuestos; cerca de $470 millones al programa de Medicare, y casi $2,000 millones al Seguro Social, entre otras aportaciones.
“Estados Unidos perdería cerca de $93,000 millones en impuestos federales en una década” si los dreamers son expulsados del país, advirtió Fwd.us.
Una prolongada lucha legislativa
Los dreamers llevan dos décadas presionando al gobierno federal a que establezca un programa para su legalización permanente. Esa lucha logró la aprobación, en agosto de 2002, del primer proyecto de ley para su legalización, pero éste no llegó a buen puerto.
En 2013, el Senado aprobó una extensa reforma migratoria bipartidista que incluyó la legalización de los dreamers, pero ésta quedó sepultada en la Cámara de Representantes por objeción republicana.
En junio de 2019, la Cámara Baja, ya bajo control demócrata, aprobó un proyecto de ley que permite la legalización y una vía hacia la ciudadanía para los dreamers.
Pero el Senado, bajo control republicano, no ha programado una fecha para el debate y votación de la medida.
Si el Congreso no aprueba la medida en lo que resta del año, bajo las reglas parlamentarias, ésta tendría que ser presentada de nueva cuenta en la sesión que comienza en enero de 2021.
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