Los “Chapitos”, los prolíficos narcotraficantes buscados por EE.UU.

Ciudad de México, 22 dic (EFE).- Los cuatro hijos de Joaquín Guzmán, conocidos como los “chapitos”, se han convertido en objetivos prioritarios de las autoridades de Estados Unidos al ofrecer 20 millones de dólares por información que permita su captura.

La organización de los cuatro “Chapitos” cuenta con al menos 5.000 hombres armados y controla el trasiego de drogas en la zona norte de Sinaloa, el poniente de Sonora y la totalidad de los estados de Nayarit, Chihuahua y Baja California Sur, según la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana. 

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López han sido identificados por el Gobierno estadounidense como “prolíficos narcotraficantes” dentro del Cártel de Sinaloa.

Todos, según las autoridades estadounidenses, “son miembros de alto rango del cártel de Sinaloa y cada uno está vinculado a una acusación federal por su participación en el tráfico ilícito de drogas”.

Sin embargo, los narcotraficantes, a excepción de Ovidio Guzmán, no cuentan con órdenes de aprehensión en México y a pesar de tras la detención de su padre, “el Chapo”, los hermanos han seguido llevando el negocio.

De acuerdo con las fichas emitidas por Estados Unidos, Jesús Alfredo “Alfredillo” tiene 36 años y es uno de los dos “Chapitos”, junto con Iván Archivaldo, hijos del capo y su primera esposa, María Alejandrina Salazar.

“Alfredillo” es uno de los 10 delincuentes más buscados por la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA, en inglés) desde 2018 y es señalado por conspiración para poseer sustancias controladas con intención de distribuirlas, importarlas y exportarlas.

En tanto, Iván Archivaldo de 38 años, es descrito como un miembro de “alto nivel” del Cartel de Sinaloa y junto con Jesús Alfredo daban una asistencia significativa a su padre, incluyendo la coordinación de la transportación de narcóticos de Centro y Suramérica a México, así como la transportación, distribución y venta de narcóticos en Estados Unidos.

Para todo ello, utilizan tácticas como la adquisición de armas, corrupción de autoridades, amenazas, secuestro, e intimidación a autoridades y miembros de organizaciones rivales.

Ambos hermanos han expandido el negocio y sofisticado los laboratorios de fentanilo en Culiacán, Sinaloa.

Además, han ampliado las operaciones de traslado de la droga utilizando transportación marítima y túneles en cruces fronterizos.

Estados Unidos recordó que el 2 de abril de 201, ambos hermanos fueron procesados por un Gran Jurado Federal en el Distrito de Columbia, por conspiración para distribuir más de 5 kilogramos de cocaína, 500 gramos de metanfetamina y 1.000 kilogramos de marihuana.

PRODUCTORES DE METANFETAMINAS

Por su parte, Ovidio y Joaquín Guzmán López, de 38 y 35 años, respectivamente, de acuerdo con las fichas, también son parte importante del Cártel de Sinaloa.

Las autoridades estadounidenses sostienen que empezaron su carrera en las drogas tras la muerte de su hermano, Édgar Guzmán López, enfocándose en invertir grandes cantidades de dinero para adquirir marihuana en México y cocaína en Colombia.

También comenzaron a comprar grandes cantidades de efedrina en Argentina y organizaron el contrabando de este producto cuando comenzaron a experimentar con la producción de metanfetamina.

Actualmente se encargan de supervisar 11 laboratorios de metanfetaminas en Sinaloa, los cuales producen entre 3.000 y 5.000 toneladas al mes.

Estas drogas son vendidas a otros miembros de Sinaloa y a distribuidores de Estados Unidos y Canadá.

De Ovidio, se asegura que ha ordenado el asesinato de informantes, traficantes de drogas y un cantante mexicano que se negó a actuar en su boda.

Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera, exlíder del cartel de Sinaloa, fue extraditado de México a Estados Unidos el 19 de enero del 2017 y condenado a cadena perpetua el 17 de julio de 2019 en un Tribunal Federal de Nueva York.

Actualmente cumple su condena en una prisión de máxima seguridad en Colorado. 

De acuerdo con la orden ejecutiva firmada el pasado 15 de diciembre por el presidente Joe Biden, Estados Unidos pagaría hasta 5 millones de dólares a quien aporte información confiable que pueda dar con el paradero y la detención de cada uno de los hijos del Chapo.

Tras el anuncio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que si los herederos de el Chapo están en territorio mexicano, “a quien corresponde detenerlos es a la autoridad nuestra, no se permite ninguna fuerza extranjera que actúe en esta materia y en ninguna otra en nuestro territorio”.

Aunque el Ejercito mexicano ha aumentado significativamente los decomisos de fentanilo y de metanfetaminas, durante los tres años del Gobierno de López Obrador no se han registrado detenciones de los principales capos que controlan el narcotráfico. 

En total, según el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, se han detenido a 1.078 “objeticos prioritarios” que incluyen a cinco líderes de organizaciones delictivas del Cártel de Santa Rosa de Lima, de Los Rojos, La Empresa, el Cártel del Pacífico y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).