Madres indocumentadas se aseguran de que Texas cumplirá acuerdo extrajudicial

EFE

Las madres indocumentadas que entablaron una demanda colectiva contra el estado de Texas porque se les impedía tramitar el acta de nacimiento de sus hijos llegaron a un acuerdo extrajudicial que satisface su principal petición, pero no retiraran la acción para asegurarse de que la otra parte cumple…

Efrén Olivares, del Texas Civil Rights Project, una organización que representó a los demandantes contra el Departamento de Salud de Texas, un grupo formado por 62 madres mexicanas y centroamericanas, además de sus hijos, confirmó hoy a Efe que la demanda permanecerá activa por nueve meses más.
“Debido a que se llegó a un convenio antes de discutirse en los tribunales, el litigio permanecerá activo por ese período de tiempo en caso de que el Estado no cumpla con lo establecido”, sostuvo Olivares en una entrevista.
La demanda, que fue presentada el año pasado, obedecía a la política de negar la emisión de actas de nacimiento a niños de madres con estatus migratorio irregular implementada en Texas.
Según Olivares, a pesar de haber tomado el convenio como una victoria legal porque se obtuvo el objetivo principal, que era tener acceso a las actas de nacimiento para las madres y sus hijos, aún queda por determinarse si habrá trabas a ese procedimiento.
“Principalmente porque hay que dar tiempo a que los afectados tramiten sus credenciales de votante, la cual puede tardar hasta un par de meses, y luego vayan a las oficinas locales de registro e intenten inscribir a sus hijos como ciudadanos”, recalcó el abogado.
En 2013 hubo un cambio en la ley tejana que restringía la aceptación de un pasaporte como documento para tramitar un acta de nacimiento si no incluía una visa estadounidense vigente.
“Pero por definición, los pasaportes de estas madres, en caso de tenerlo, no cuentan con una visado y por ende no les servían. Tampoco podían matricular a sus niños en las escuelas públicas por no tener el acta, un requisito obligatorio del sistema escolar”, sostuvo Olivares.
La medida afectaba a las personas de bajos recursos que calificaban para asistencia social y de vivienda, entre ellos el seguro de salud preventivo y de ayuda inmobiliaria, ya que no podían comprobar que sus hijos eran nacidos en este país,
“Hasta las iglesias del sector lo exigían como requisito a la hora de bautizar a los niños”, enfatizó el activista.
Pero el problema más grande que enfrentaban estos inmigrantes era transitar libremente por la zona fronteriza de Texas, donde hay garitas de inspección y, por tanto, había altas probabilidades de que las madres fueran deportadas.
“Y no tenían manera de demostrar que los hijos eran ciudadanos, entonces corrían el riesgo también de su expulsión del país, donde se complicaba aún más las cosas”, apuntó Olivares.
En total fueron 62 los demandantes -entre madres y sus hijos- de nacionalidades mexicana, guatemalteca, salvadoreña y hondureña los que participaron en esta demanda colectiva al Estado de Texas.
El litigio se basó principalmente en el caso de la mexicana Juana Gómez Ibarra, de 34 años, trabajadora agrícola y residente del condado Starr (Texas), quien intentó en 2014 tramitar en vano hasta en tres ocasiones la partida de nacimiento del menor de sus cuatro hijos.
“Cuando no tienes un registro de dónde naciste nadie te reconoce, no existes, no puedes inscribirte en la escuela, no vas a poder votar, no vas a poder hacer algo en la vida”, subrayó Gómez a Efe.
“Tras el acuerdo, el Consulado (mexicano) ahora nos está respaldando con la tramitación del registro al votante, y estoy esperando que me llegue para poder inscribir a mi niña en los registros civiles”, agregó.
Gómez llegó a Estados Unidos con sus padres mexicanos a la edad de 14 años y aunque sus hijos han nacido en suelo estadounidense, ella sigue siendo indocumentada, estatus que le ha significado varios contratiempos.
Por lo pronto, el gobierno estatal acordó aceptar dos documentos alternos de identificación como el registro de votante mexicano, que se tramita a través de las oficinas consulares, y la llamada Certificación Consular, para los inmigrantes centroamericanos.
El Texas Civil Rights Project es una organización que defiende los derechos civiles y humanos con sede principal en McAllen (Texas) fundada en 1990 con sucursales en Austin, Dallas, El Paso y Houston.
Se dedican a defender legalmente a víctimas de abuso policial, libertad de expresión y de discriminación, entre otros.