A dos meses de la muerte de un mexicano al caer en un pozo de estiércol en una granja del norte de Colorado, dos legisladores hispanos locales cumplieron este martes su promesa de aprobar una ley para proteger los derechos de los trabajadores agrícolas del estado, incluyendo condiciones laborales adecuadas.
La nueva ley, SB21-087, fue impulsada por el senador estatal Dominick Moreno y por la representante estatal Yadira Caraveo y, aunque la propuesta ya había sido presentada en febrero pasado, la muerte de Juan Panzo Temoxtle el 30 de marzo llevó a reformularla, por lo que la medida obtuvo amplio respaldo bipartidista en ambas cámaras del Legislativo de Colorado.
Panzo Temoxtle tenía solo seis semanas como empleado de la Shelton Diary (una multimillonaria compañía en la pequeña localidad de LaSalle) cuando se le pidió que condujese un camión hasta un inmenso sitio de depósito del estiércol de ganado. Por razones aún no establecidas, el camión cayó al pozo y el mexicano falleció ahogado.
En aquel momento, Caraveo prometió “equiparar” la protección de los trabajadores del campo con las protecciones de las que ya gozan todos los otros trabajadores en Colorado. Y eso es precisamente lo que hace la nueva ley, por ejemplo, eliminando las excepciones que antes permitían pagarle al personal del campo menos que el salario mínimo estatal.
La ley también autoriza a los trabajadores agrícolas a formar sus propios sindicatos y prohíbe trabajar más de 12 horas por día o 40 horas por semana sin percibir el pago adicional por horas extra.
Además, requiere que los granjeros y rancheros faciliten a sus trabajadores del transporte necesario para llegar a “proveedores de servicios” (por ejemplo, hospitales, escuelas u oficinas del gobierno), y también les exige que permitan que sus empleados tengan visitar.
En relación directa con el accidente de Panzo Temoxtle, la ley requiere que cierto equipo solamente sea usado por cierto personal debidamente capacitado y solo en ciertas circunstancias, y que se les provea a los trabajadores la protección necesaria en su lugar de trabajo.
El Departamento de Trabajo de Colorado y otras agencias gubernamentales estarán desde ahora a cargo de verificar el cumplimiento de esas normas y responder a denuncias de incumplimiento, así como de proteger los derechos de los denunciantes, sean estos los mismos trabajadores o los proveedores de servicios.
“Los trabajadores que ponen el alimento en nuestras mesas merecen la misma protección y oportunidades que todos los otros en Colorado, como poder negociar mejores condiciones de salud y seguridad, o ganar mejores salarios”, dijo Caraveo tras la votación final.
“Esta ley presenta un enfoque equilibrado que tiene en cuenta la variedad de productores que forman parte de la diversa industria de la agricultura en Colorado. Es una medida que debería haberse aprobado hace mucho tiempo y que ahora mejorará las condiciones, mantendrá la agricultura de Colorado competitiva, y protegerá a estos trabajadores esenciales”, agregó.
Según estadísticas del Departamento de Asuntos Locales de Colorado, en este estado unas 50.000 personas trabajan de tiempo completo como empleados en el campo. Se estima que dos de cada tres de esos trabajadores son de origen latino y casi la mitad son inmigrantes.
Además, otras 70.000 son dueños de granjas o ranchos, incluyendo unos 3.500 hispanos.
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