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La orden ejecutiva girada por el presidente Joe Biden para permitir que ciertos cónyuges e hijos indocumentados de ciudadanos estadounidenses puedan legalizarse es una luz al final de un largo túnel para un segmento de los millones de personas sin documentos que llevan décadas aguardando por un alivio migratorio.
La Casa Blanca calcula que el decreto beneficiará a medio millón de cónyuges y a 50,000 hijos indocumentados menores de 21 años de edad de ciudadanos estadounidenses. Familias de situación migratoria mixta que permanecerán unidas sin el espectro de una deportación.
Se trata de personas elegibles para regularizar su situación migratoria por su vínculo con un ciudadano estadounidense, pero que enfrentan obstáculos, como tener que solicitar fuera del país si ingresaron originalmente sin documentos. Esto activa la llamada Ley del Castigo que les impide retornar a Estados Unidos por 10 años. La orden elimina esa cortapisa y les permite ajustar su estatus sin salir del país.
El decreto es también el mecanismo que Biden tiene a la mano para actuar de forma unilateral e inmediata porque los republicanos en el Congreso han bloqueado cualquier intento de legislación que suponga beneficios migratorios para indocumentados, aunque, como en este caso, sean personas que han vivido continuamente en Estados Unidos por 10 años o más. En promedio han vivido aquí sin documentos por los pasados 23 años. Son personas casadas con ciudadanos de este país, con familias establecidas, con aproximadamente 600,000 hijos ciudadanos, y arraigados en sus comunidades. Eso sin contar sus aportes diarios a nuestra economía.
Biden empleará el llamado permiso de permanencia temporal en el país (Parole in Place) para amparar a estas personas de la deportación y concederles permisos de trabajo de tres años durante los cuales la persona podrá solicitar la residencia permanente.
La medida permite además que los beneficiarios de DACA y los Dreamers que se hayan graduado de una universidad estadounidense y hayan recibido una oferta de trabajo en un campo vinculado a su grado universitario, podrían obtener visados de trabajo.
Es de esperar que los opositores intenten impugnar la orden en tribunales, pero, mientras tanto, la idea es que todas las personas elegibles soliciten.
El anuncio busca además atenuar la molestia generada entre defensores de los inmigrantes otra orden girada hace unas semanas por Biden para cerrar la frontera a solicitantes de asilo cuando se rebasan los 2,500 cruces irregulares diarios durante una semana.
En medio de la contienda presidencial, Biden intenta encontrar un balance entre los reclamos para que muestre mano dura en la frontera sin distanciar a los votantes, sobre todo los de su base, incluidos los latinos, para quienes el tema migratorio es importante ya sea por lazos familiares, empatía o simplemente el sentido común de legalizar a quienes aportan a nuestra economía.
Muchos esperan que la orden tenga el efecto que tuvo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), girada por Barack Obama en 2012 en medio de su campaña de reelección y en momentos en que su cifra récord de deportaciones había desencantado a muchos votantes latinos.
DACA movilizó votantes a las urnas y Obama fue reelecto en 2012 con 71% del voto latino, superando el 67% de apoyo que logró entre los hispanos en su histórica elección de 2008.
Biden hizo el anuncio en la celebración del 12o aniversario de DACA. Sin duda la orden ayudará a quienes registran y movilizan votantes en un ciclo electoral complicado.
Y aunque el efecto se sabrá el día de la elección, la orden le sirve a Biden y a los demócratas para plasmar claros contrastes con Trump y los republicanos quienes impulsan un macabro plan de deportaciones masivas, no solo en la frontera sino al interior del país, y campamentos de detención con ecos de campos de concentración.
Trump ya tildó la acción de Biden de “amnistía”, pero con su orden ejecutiva Biden ayuda a cientos de miles de inmigrantes, le ofrece a muchos votantes razones para apoyarlo el 5 de noviembre.
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