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Washington, 30 ago (EFE News).- Los abogados de clínicas en Texas que realizan abortos pidieron hoy lunes al Tribunal Supremo de Estados Unidos que deje en suspenso una ley en ese estado, que entra en vigor el miércoles, que veda casi totalmente ese procedimiento.
Si entra en efecto, la ley será una de las más estrictas en todo el país y prohibirá el aborto si puede detectarse el palpitar cardiaco del feto, y aun después de la sexta semana de embarazo.
La ley de Texas permite que ciudadanos privados inicien querellas civiles contra cualquier persona que ayude a una mujer embarazada en la búsqueda de un aborto que viole esa legislación.
Esta disposición implica que una persona podría demandar a quienes acepten pagar por el aborto de otra, y si el demandante gana el juicio podría recibir hasta 10.000 dólares en indemnizaciones.
A las seis semanas de la concepción, “la mayoría de las mujeres a esa altura ni siquiera saben que están embarazadas”, indicó en un comunicado el Centro para los Derechos Reproductivos, uno de los apelantes. “Esto crea una cacería de recompensas que alienta las demandas costosas contra cualquiera que otros crean que han violado la ley”.
La solicitud de emergencia ante el Supremo ocurre cuando el máximo tribunal, con mayoría de jueces conservadores, se prepara a escuchar en su próximo periodo de sesiones, que comienza en octubre, una apelación sobre una ley de Misisipi que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 15 semanas de embarazo.
Los adversarios de la ley en Texas sostienen que en la práctica prohibirá el aborto en al menos 85 % de las mujeres que lo soliciten y forzará a la clausura de muchas clínicas en ese estado.
Los abogados que representan a las clínicas deTexas sostienen que la ley en disputa es un intento de “reemplazar las reglas normales de litigios civiles” con “versiones distorsionadas que procuran maximizar la naturaleza abusiva y hostigadora de las demandas, haciendo imposible una defensa justa”.
Nancy Northup, presidenta del Centro para los Derechos Reproductivos, dijo que si la ley entra en vigencia “las pacientes deberán viajar fuera del estado, en medio de una pandemia, para recibir un cuidado de su salud protegido por la Constitución”.
“Y muchas mujeres no tienen los medios para hacerlo”, añadió
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