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La Corte Suprema dictaminó este lunes que los inmigrantes no pueden aprovechar una deportación previa con fallas legales para evitar un castigo posterior más severo por ingresar ilegalmente al país.
Los jueces del Tribunal Supremo se pusieron por unanimidad del lado del Gobierno federal y en contra de un inmigrante mexicano que buscaba impugnar los cargos por reingreso ilegal bajo la teoría de que como fue inapropiado deportarlo en primera instancia no se le podría castigar más severamente por cruzar la frontera de manera irregular, tal y como establece la ley.
El mexicano Refugio Palomar Santiago era residente permanente legal cuando fue condenado en California por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) y un juez ordenó su deportación en 1998.
Pero seis años más tarde, la propia Corte Suprema decidió que los DUI no son motivo suficiente para deportar a un inmigrante, tal y como sucedió con el mexicano, que regresó irregularmente a los Estados Unidos.
Sin embargo, Palomar Santiago fue detenido en 2017 y fue acusado de ingreso ilegal al país, aunque el Tribunal de Distrito y el Noveno Circuito le dieron la razón al considerar primero que su expulsión fue inválida.
Pero ahora la Corte Suprema aprobó que el Gobierno puede castigar a los titulares de tarjetas verdes (“green cards”) cuyas deportaciones se basan en medidas que luego fueron invalidadas.
“La revisión administrativa de las órdenes de deportación existe precisamente para que los no ciudadanos puedan cuestionar la esencia de las decisiones de los jueces de inmigración”.
La jueza Sonia Sotomayor, encargada de redactar el fallo, indicó que el error de un juez de inmigración “no excusa el incumplimiento por parte del no ciudadano con un requisito de agotamiento obligatorio si una revisión administrativa adicional, y luego una revisión judicial si es necesario, podría corregir ese mismo error”.
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