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El exlegislador hondureño recibió la pena máxima que pedía la fiscalía de Nueva York, más 30 años, tras declararse culpable de varios cargos por tráfico de drogas y armas en octubre de 2019. Sus abogados habían pedido la menor sentencia posible, 40 años de cárcel.
Juan Antonio Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue sentenciado este martes a cadena perpetua más 30 años en una corte de Nueva York por crímenes de narcotráfico y armas.
Hernández, exlegislador hondureño de 42 años, recibió la sentencia máxima que había pedido la fiscalía al juez, Kevin Castel, en un caso que captó la atención de los medios de comunicación, porque los fiscales mencionaron repetidamente al presidente hondureño durante ese proceso, acusándolo también de aceptar sobornos por parte de traficantes de drogas.
“Basado en la libre elección de Juan Antonio de involucrarse en una vida de tráfico de drogas durante un período de 12 años, que afectó la vida de personas en los Estados Unidos y en Honduras, una sentencia de cadena perpetua es muy merecida“, dijo el juez.
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Tras escuchar su sentencia, Tony Hernández, vestido en uniforme azul oscuro de preso, parecía pálido. Se tocaba las manos sobre la mesa y mantenía la mirada baja.
“¡Delincuente! ¡Al igual que tu hermano!”, gritó un miembro del público mientras Hernández salía de la sala.
La defensa de Hernández había pedido la menor sentencia posible, 40 años de cárcel, y acusó a las autoridades estadounidenses de politizar el caso para forzar un cambio de Gobierno en Honduras. Su equipo legal apelará la sentencia de este martes.
“Este caso es uno más en una larga línea de desgracias de intervención en política exterior llevada a cabo por el Gobierno de Estados Unidos, esta vez en busca de un cambio de régimen a los niveles más altos en Honduras”, señaló el abogado Peter Brill en un escrito al juez antes de que se conociera la sentencia.
Tony Hernández, quien fue diputado en el Congreso hondureño entre 2014 y 2018, fue detenido el 23 de noviembre de 2018 en el Aeropuerto Internacional de Miami y acusado de traficar cocaína con destino a Estados Unidos, posesión de armas, y de mentir a las autoridades estadounidenses.
Los fiscales acusaron al hermano del presidente hondureño de operar durante 15 años una red de transporte de “al menos 185,000 kilogramos de cocaína” y corromper en el camino las instituciones hondureñas.
“El acusado llevó a cabo un impresionante nivel de distribución de drogas, comandó miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas fuertemente armados”, se lee en la petición del fiscal entregada al juez hace dos semanas, que también lo acusa de venta de armas a narcos, sobornos y operación de laboratorios de drogas en Colombia y Honduras.
El juicio arrancó el 2 de octubre de 2019 en el Tribunal Federal del Sur de Nueva York y el 18 de octubre del mismo año fue declarado culpable de todos los cargos por los miembros del jurado que, durante el proceso, escucharon los testimonios de varios narcotraficantes como Victor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, y Alexander Ardón, alcalde del municipio de El Paraíso.
Los testigos aseguraron haber pagado sobornos a Tony y Juan Orlando Hernández; uno de ellos, de un millón de dólares, habría sido entregado en 2013 por el líder del cartel de Sinaloa, el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán.
En la última carta enviada al juez, la Fiscalía, que también implicó a los expresidentes José Manuel Zelaya y Porfirio Lobo, detalló en 65 páginas cómo el hermano del presidente hondureño operó con impunidad, estuvo vinculado con asesinatos y llevaba una vida de lujos.
Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del cartel de Los Cachiros, testificó este mes en otro juicio que su cartel de droga pagó un soborno de 250,000 dólares en 2012 a Juan Orlando Hernández cuando era presidente del Congreso. El pago supuestamente se hizo a Hilda Hernández, una hermana del presidente que falleció en un misterioso accidente de helicóptero en 2017.
Antes de dar su sentencia este martes, el juez Castel describio a Tony Hernández como alguien que podría haber seguido un buen camino como abogado y congresista. Sin embargo, dijo el juez, se dedicó a traficar droga junto a otros y a aceptar sobornos.
“Esto es, de hecho, tráfico de drogas promovido por el estado”, dijo el juez.
El presidente de Honduras ha reaccionado en varias ocasiones durante este y otro proceso en Nueva York contra el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez en el que también ha sido acusado de narcotráfico, negando las acusaciones de la Fiscalía.
Para Juan Orlando Hernández las afirmaciones de que había usado dinero del narcotráfico en su campaña de 2013, son “falsas y perversas”.
Tras conocerse el veredicto contra Fuentes Ramírez, el pasado 22 de marzo, Hernández reaccionó con un tuit en inglés y español criticando el proceso y calificándolo de un medio para redactar “titulares dramáticos para promover el falso testimonio de los narcos que derrotamos”.
“Cualquier narrativa sobre la batalla contra el narcotráfico en Honduras que omita la reducción sin precedentes del 95% (datos oficiales de USA) que logramos, generalmente es solo un vehículo para titulares dramáticos para promover el falso testimonio de los narcos que derrotamos”, escribió.
¿Por qué no han presentado cargos contra el presidente de Honduras?
Los fiscales estadounidenses no suelen presentar cargos contra presidentes extranjeros en funciones, según opina Eric Olson, director de políticas para la Seattle International Foundation, una organización que promueve la buena gobernanza y la equidad en Centroamérica.
“Hay algunas excepciones, por supuesto, pero es una norma general”, dijo Olson durante una entrevista con la agencia de noticias The Associated Press. En estos temas el Departamento de Justicia normalmente hace lo que quiere el Departamento de Estado, según el experto.
Sin embargo, dijo Olson, Hernández se acerca al final de su segundo mandato, que finaliza en enero de 2022 y la “evidencia contra él sigue acumulándose”. Podría ser que los fiscales presentaran cargos antes de enero pero, de nuevo, “no es la forma tradicional” de hacer las cosas, según Olson.
De momento la Administración Biden se ha limitado a decir desde Washington que cualquier acusación de actividad criminal es considerada como algo muy serio, pero no ha expresado mucho más sobre el caso.
Un vocero del Departamento de Estado que no está autorizado a dar su nombre debido a políticas internas dijo a The Associated Press que Estados Unidos trabaja con el gobierno de Honduras, la sociedad civil y sector privado para crear un mejor futuro para el pueblo hondureño.
Las acusaciones de los fiscales, sin embargo, han tenido consecuencias.
Un grupo de senadores presentó recientemente un proyecto de ley que busca aislar al presidente Hernández. El proyecto de ley pide a Biden que imponga sanciones contra Hernández y determine si es un “traficante de narcóticos especialmente designado”, lo que significaría que sus bienes podrían quedar congelados y se le prohibiría la entrada a Estados Unidos.
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