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Un juez federal bloquea la ley de baños transgénero de Obama

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EFE


Un juez federal de Texas bloqueó hoy temporalmente la directiva del Gobierno estadounidense que permitía a los estudiantes transgénero usar los baños de los colegios de acuerdo a su identidad de género en vez de a su sexo biológico, una decisión que ha provocado polémica en EE.UU…

El juez federal de distrito de Fort Worth (Texas), Reed O’Connor, emitió una orden restrictiva preliminar al asegurar que los funcionarios federales no habían seguido los procedimientos adecuados a la hora de redactar la directiva.
“Este caso presenta la difícil cuestión de equilibrar la protección de los derechos de los estudiantes y los de la privacidad personal al usar los baños, duchas, vestuarios y otras instalaciones íntimas, a la vez que se garantiza que ningún estudiante está innecesariamente marginado”, afirmó O’Connor en el texto judicial.
La decisión del juez se produce después de Texas y otros doce estados apelaran contra la directiva federal por considerarla inconstitucional.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró el bloqueo al asegurar que se trata de “la última extralimitación federal de la Administración del presidente Barack Obama”.
“El presidente está tratando de modificar las leyes aplicadas por los representantes electos por los ciudadanos, y amenaza con retirar fondos federales de escuelas para forzarlas a cumplir”, indicó en un comunicado.
La decisión coincide con el inicio de las clases para millones de estudiantes en Estados Unidos tras las vacaciones de verano.
En mayo, el Gobierno de EE.UU. envió una directiva a todas las escuelas públicas del país para que permitieran a los estudiantes transexuales elegir el baño de acuerdo a su identidad de género, y recordó que la discriminación por identidad sexual está prohibida.
Desde que entró en vigor, cuando un estudiante o sus progenitores notifiquen un cambio en el género con el que el alumno se identificaba previamente, la escuela debe actuar en consecuencia y respetar esa nueva identidad
El argumento federal es que la palabra “sexo” en debates sobre cuestiones de discriminación también cubre la “identidad de género”, y defiende que los centros educativos que reciben fondos federales no pueden discriminar por razones de sexo.
Esa norma ha provocado protestas, campañas de boicot y demandas legales, especialmente en estados de tradición más conservadora.

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