UNA PAPA CALIENTE LLAMADA TÍTULO 42

El convulso 2022 en materia migratoria termina como comenzó: con un debate sobre el controversial Título 42 que tantas vidas ha afectado y que en estos momentos mantiene en ascuas a autoridades federales y a los gobiernos locales y estatales de la frontera, e incluso más allá de la misma.

La politización de esta medida sanitaria implementada por Donald Trump en marzo de 2020 en medio de la pandemia del Covid-19 en nada ha ayudado a resolver no solo el sistema migratorio estadounidense, de por sí descompuesto, sino que además ha establecido una serie de indignas limitaciones a miles de vidas ya rotas en sus países de origen y que han enfrentado situaciones aún peores en su larga travesía hacia el norte.

El Título 42 debió dejar de implementarse el miércoles 21 de diciembre, pero la Corte Suprema pausó temporalmente la eliminación del programa favoreciendo a 19 gobernadores republicanos que solicitaron la intervención del máximo tribunal, luego de que una corte de menor instancia lo declarara “arbitrario y caprichoso” además de violar la ley por no implementarse adecuadamente. Esta medida permite la remoción expedita de migrantes, incluso aquellos que vienen a solicitar asilo, argumentando razones sanitarias.

No obstante, aunque se aplica a migrantes de todas partes, la realidad es que son personas de color las más afectadas. En efecto, la esencia xenófoba enmascarada de protección sanitaria de esta medida se ha enfocado básicamente en personas provenientes de Centroamérica, África y Haití, según el reporte de 2022 de Human Rights Watch (HRW), que menciona la expulsión de más 750,000 seres humanos en el último año, aunque llevaba ya más de 1 millón desde que fue implementada.

Aunque se trata de una medida sanitaria, la realidad es que el plan de Trump fue emplearla para minar el proceso de asilo, lo que ha sido ayudado por la continuación del programa en el gobierno de Joe Biden. El presidente ha sido duramente criticado por sectores pro inmigrantes y pro refugiados, toda vez que los migrantes expulsados a México han sido objeto de robos y sus vidas han sido puestas en peligro.

La orden inicial del juez de distrito Emmet Sullivan en Washington, DC, para que el gobierno federal eliminara el Título 42 se desprende de una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en el sentido de que la normativa pone en peligro las vidas de los migrantes y mina las leyes de asilo de Estados Unidos. Emmet estuvo de acuerdo con ACLU.

El gobierno de Biden asegura estar listo para enfrentar la cancelación del programa, aunque figuras demócratas como el alcalde de El Paso, Texas, Oscar Leeser, han declarado un estado de emergencia ante la anticipada ola de migrantes que ya, de hecho, han abarrotado calles y albergues de esa ciudad fronteriza. Hasta en la ciudad de Nueva York hay preparativos ante el inminente fin del programa, además de que en San Luis, Arizona, y Denver, Colorado, también se ha declarado el estado de emergencia por la misma razón.

Pero al cerrar el año es imposible no cuestionarse cómo en la nación más rica y poderosa del planeta, un alza de migrantes en la frontera, en este caso de personas que buscan asilo, no pueda ser mejor manejada por el gobierno federal.    ¿Cómo es posible que a lo largo del año hayamos sido testigos de una situación que se ha tornado en una bola de nieve y que deja mal parado a este país que tanto se precia de defender los derechos humanos? Aún más: cómo imaginar la vida ahora mismo de quienes han sido expulsados, esas personas a quienes se ha aplicado sin contemplaciones dicho Título 42, que quedará marcado en la memoria de esta generación como uno de los recursos más antiinmigrantes de este país, aunque fue promulgado sólo como medida sanitaria en 1944.

En fin, que el gobierno de Biden abrió en enero de 2022 con la papa caliente del Título 42 y lo cierra de la misma forma sin que se vislumbre una luz al final del túnel, no solamente para los refugiados, sino para los otros millones que ya están aquí aguardando su legalización. Porque con los republicanos en control de la Cámara Baja a partir del 3 de enero, los alivios migratorios brillarán por su ausencia.