Una solución justa y durade-ra…

Desgraciadamente, la administración del presidente Donald Trump dio el primer paso oficial para despojar a más de 5,300 inmigrantes nicaragüenses del Programa de Protección Temporal (TPS), por lo que perderán su estatus legal a partir de enero del 2019, a menos que se apruebe antes de esa fecha una solución legislativa.
En el caso de los inmigrantes hondureños beneficiarios del TPS, estimados en alrededor de 86,000, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizó una extensión de seis meses hasta julio próximo, antes de tomar una decisión definitiva con base en la evaluación de las condiciones en el país centroamericano, uno de los más violentos del mundo.
Como es natural, la decisión complació a muy pocos. Organizaciones como UnidosUS, antes Consejo Nacional de la Raza, consideró que la decisión afectará la vida lo mismo de nicaragüenses que de hondureños, pues a unos los pone en la puerta de una eventual deportación y a los otros en la angustia de la separación familiar e inestabilidad económica.
La decisión para el caso de los 200,000 salvadoreños y más de 50,000 haitianos debe tomarse 60 días antes de que venzan sus protecciones bajo el TPS en marzo próximo. Cuando la administración Trump redujo en julio pasado la extensión a los haitianos a 6 meses, comparado con los 18 meses tradicionales, envió un claro mensaje sobre los planes futuros para el TPS.
Es importante que el gobierno federal tome en cuenta que el impacto de sus decisiones venideras del TPS sobre el futuro de estas miles de familias, tendrá no solo sensible en sus vidas y comunidades, sino también en la de sus hijos nacidos en Estados Unidos, estimados en más de un cuarto de millón.
Michelle Lujan-Grisham, la líder de la Fracción Legislativa Hispana del Congreso, cuando afirma que la pelota queda ahora en la cancha del legislativo.
Con ese propósito, la legisladora demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez, presentó un proyecto de ley para blindar contra las deportaciones a los beneficiarios del TPS y abrir un compás de espera durante el cual puedan buscar regularizar su situación migratoria.
Aunque el alivio no es permanente al menos abriría la puerta para que aquellos “tepesianos” aprovechen posibilidades de regularización, incluidos para aquellos cuyos hijos estadounidenses cumplen 21 años de edad y pueden patrocinarlo. Se trata sin embargo de una situación imperfecta que dejaría a miles sin una ruta clara para permanecer en el país.
La abrumadora mayoría de estos salvadoreños, hondureños, haitianos y nicaragüenses se han convertido en empresarios exitosos que han generado empleos, han comparado casas, han pagado sus impuestos y tienen hijos orgullosamente americanos que solo reconocen a Estados
Unidos como su patria.
Y muchos argumentan que aún prevalecen en sus países las condiciones que los hicieron salir y buscar refugio. EN Haití, la recuperación del terremoto del 2010 ha sido lenta y hace apenas unas semanas la isla fue azotada por tres huracanes, En EL Salvador, Honduras y Nicaragua aún subsisten problemas de criminalidad y violencia en las calles.
A diferencia de DACA, una orden ejecutiva del presidente Barack Obama, los TPS fueron aprobados en un acto de generosidad del Congreso de los Estados Unidos. Sólo se requiere una comunión de voluntades de los legisladores para darles a nuestros hermanos centroamericanos y a sus hijos la justicia duradera que se merecen y que se han ganado a pulso.
Para más información…www.laredhispana.org