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Fuente: Noticias Telemundo
El Departamento de Seguridad Nacional asegura que el uso de datos móviles es legal pero organizaciones civiles critican que estas medidas violan la privacidad de las personas.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) compra datos de los celulares para rastrear a los inmigrantes que intentan cruzar la frontera con México, según un memorando interno obtenido por BuzzFeed News.
En dicho documento, el principal abogado del DHS, Chad Mizelle, explicó que los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) ubican los celulares y rastrean la actividad de los inmigrantes.
El DHS precisó que, aunque compra los datos de geolocalización, los agentes conocen la ubicación de los dispositivos pero no conocen automáticamente las identidades de las personas que visitaron determinados lugares. Para saber quién está detrás de los dispositivos, los oficiales tienen que cotejar estos datos con registros de propiedades u otros datos.
Además, de acuerdo con Mizelle, ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) minimizan el riesgo de posibles violaciones a los derechos al limitar sus registros a periodos definidos o al seguimiento de un dispositivo cuando hay una “sospecha individualizada” o una “investigación policial”.
Y añadió que la adquisición de esta información por parte del Gobierno no es una violación de la Cuarta Enmienda.
El uso de este tipo de información no parece ser ilegal, ya que el Gobierno ha comprado el acceso a un proveedor comercial, aunque esto no ha sido puesto a prueba en los tribunales.
[ICE está usando rastreadores de celulares para capturar a indocumentados]
Sin embargo, activistas sonaron las alarmas. “Esto plantea preocupaciones sobre la recolección de información de localización altamente privada de los estadounidenses que revelan dónde dormimos por la noche, a dónde vamos al médico, con quién pasamos el tiempo”, dijo Nathan Freed Wessler, un abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) especializado en cuestiones de privacidad.
Este seguimiento “momento a momento” de la ubicación podría sucederle a cualquiera, no solo a las personas que están siendo investigadas por el DHS, advirtieron activistas.
Adam Schwartz, un abogado de la Fundación Frontera Electrónica, calificó el memorando como “profundamente perturbador”.
Y aseguró que las asociaciones entre gobiernos y empresas privadas son una “creciente amenaza a la privacidad”, y que las personas no saben que sus datos terminan en manos de las autoridades cuando, por ejemplo, descargan una aplicación.
Hace cerca de dos semanas, cinco senadores demócratas pidieron al inspector general del DHS que se investigue cómo ICE utiliza los datos de localización de los celulares para rastrear a personas sin una orden judicial, según reportó The Washington Post. Pero los funcionarios se negaron a decir qué les da derecho a hacerlo.
En los últimos meses agencias federales como la CBP argumentaron que los datos son una herramienta poderosa para investigar crímenes.
Según la agencia, el uso de este tipo de información es legal. En una declaración, señaló que solo ha adquirido un acceso limitado a los datos a través de una interfaz proporcionada por un proveedor y que solo pueden ver “una muestra limitada de datos anónimos compatibles con operaciones policiales en la frontera”, “en conformidad con los requisitos jurídicos, normativos, y de privacidad pertinentes”.
Hace unos meses fue revelado que el Gobierno de Donald Trump compró el derecho a usar una base de datos privada que mapea el movimiento de millones de teléfonos celulares gracias a los datos de aplicaciones de juegos, clima y compras a las que los usuarios autorizan el acceso a la ubicación del aparato.
El DHS confirmó entonces que compró datos para ICE y CBP a Venntel, una compañía que recoge y vende datos de celulares, según The Wall Street Journal.
La CBP ha usado esta información para detectar a inmigrantes en lugares remotos cerca de la frontera mexicana gracias a la actividad de los celulares, y a ICE le ha servido para localizar y detener a indocumentados.
Los datos permitieron a los servicios fronterizos encontrar un túnel que unía México con un abandonado restaurante de Kentucky Fried Chicken, cerca de San Luis, Arizona.
Con información de BuzzFeed News, The Washington Post, The Wall Street Journal.
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