TRUMP EN EL BANQUILLO

Con el inicio del segundo juicio político contra Donald Trump es perfectamente legítimo preguntarse si, en medio de la emergencia de salud pública del COVID-19, tiene sentido utilizar los tiempos legislativos y los recursos del gobierno federal para poner en el banquillo de los acusados a un expresidente.

En un documento de casi 80 páginas de extensión los abogados de Trump sostienen, como era de esperarse, que se trata de un “circo político” inconstitucional, toda vez que no tiene validez someter al proceso de “impeachment” a un ciudadano privado que dejó la Casa Blanca el mediodía del 20 de enero.

El equipo legal de Trump argumenta que la acusación de “incitación a una insurrección” es falsa, toda vez que no ordenó a nadie realizar acciones ilegales y no puede ser culpado por la conducta de un pequeño “grupo de criminales” que invadió el Capitolio el miércoles negro del 6 de enero. Por lo tanto, piden que el juicio sea anulado.

Sin embargo, los fiscales demócratas sostienen que existen precedentes históricos para enjuiciar a servidores públicos aún después que han abandonado el cargo. De lo contrario, argumentan, cualquier presidente en funciones podría realizar acciones ilegales al final de su mandato, a sabiendas que no tiene que rendir cuentas al abandonar el cargo.

En mi opinión, el argumento de los demócratas tiene lógica legal, aunque es inevitable asumir que también tiene una intencionalidad política, toda vez que una de las consecuencias del proceso de juicio político incluye la posibilidad de inhabilitar de manera vitalicia al convicto, con lo cual quedaría anulada la posibilidad de que Trump busque la presidencia en 2024.

Pero lograr ese propósito requiere no obstante superar un muro de gran altura: el voto de 67 senadores, en momentos que el Senado está dividido por la mitad, con la ventaja de un voto para los demócratas gracias a que la vicepresidenta Kamala Harris preside el Senado.

El desenlace del proceso es por ello relativamente fácil de predecir. En la semana pasada tanto los nueve fiscales demócratas y abogados del expresidente presentaron sus argumentos ante la nación y el mundo. Al final del dramático proceso político no se sumarán los 67 votos necesarios para encontrar culpable a Donald Trump.

Un grupo de 45 senadores republicanos dejó en clara su oposición al impeachment, con lo cual queda virtualmente sepultada toda posibilidad de que el presidente sea inhabilitado.

Todo lo cual no quiere decir sin embargo que los demócratas no puedan de alguna manera proclamar cierto tipo de victoria. Trump llevará por siempre la mancha de haber sido el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser objeto de un doble juicio político. Y los demócratas podrán decir que nadie está por encima de la ley.

Para el público estadounidense, quizás lo más importante es que el proceso termine cuanto antes, a fin de que tanto la cámara de representantes y el Senado regresen a legislar y completar el urgente paquete de alivio económico que tanto necesitan millones de estadounidenses en medio de la pandemia.