Es innegable que la pandemia del COVID-19 ha puesto al descubierto la amplia brecha de las desigualdades estructurales que sufren las comunidades hispana y afroamericana en los Estados Unidos, y que han provocado un desproporcional impacto sobre nuestros trabajadores más esenciales: campesinos, empacadores de carne, trabajadores de servicios básicos que arriesgan la vida todos los días, no por opción sino por necesidad.
Por eso la inminente llegada este mes de la vacuna o vacunas contra el COVID-19, una vez que sean formalmente autorizadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA), arroja una pregunta obligatoria: ¿Seremos los hispanos, afroamericanos, nativos americanos y otras minorías vulnerables, víctimas de una nueva forma de discriminación en la distribución y aplicación de las vacunas?
En otras palabras, ante la realidad de que no habrá suficientes dosis para los más de 330 millones de residentes de los Estados Unidos ¿Seremos los últimos en la fila? ¿Se buscará asegurar que los retos crónicos de acceso a la atención médica, seguro de salud, transportación, no se conviertan en impedimentos reales para la obtención de la vacuna?
El Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP) de lo Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) votó con 13 votos a favor y uno en contra, por la secuencia para priorizar la distribución de las vacunas que podrían ser autorizadas (Pfizer y Moderna).
Si los CDC aceptan la recomendación, los primeros en la fila (en la fase 1A), serán los 21 millones de trabajadores del sector salud, junto con los 3 millones de personas que residen en instalaciones de salud de largo plazo, donde se registra el 40% de los decesos relacionados con el COVID-19 a nivel nacional.
Bajo la propuesta, el restante de 80 millones de trabajadores esenciales en la agricultura, empacadoras de carne, transporte, servicios públicos, recibirán la vacuna enseguida (en la fase 1B) y después los adultos con “condiciones médicas de alto riesgo” o los mayores de 65 años.
¿Cuándo? Si la FDA lo autoriza, para finales de diciembre habrá una disponibilidad de alrededor de 40 millones de dosis de la vacuna de los Estados Unidos, lo cual quiere decir que serán suficientes para vacunar a unos 20 millones de personas, toda vez que tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna requieren dos dosis para lograr máxima efectividad.
Consciente de las lacerantes disparidades entre los grupos más vulnerables, el Comité se condujo bajo tres principios éticos intachables: Maximizar los beneficios de la vacuna y minimizar perjuicios; promover justicia y mitigar Inequidades de salud. Varios de los miembros del Comité enfatizaron la importancia de que sea un proceso equitativo.
Es enorme el reto para lograr convencer a un público escéptico de que las vacunas serán seguras y efectivas, especialmente a las minorías raciales y étnicas que tienen una desconfianza histórica hacia el sistema de salud y el gobierno. Pero saber que la prioridad serán los trabajadores más esenciales y las personas más vulnerables, es un primer gran paso para empezar a restaurar esa confianza, en momentos que no sólo es más necesaria que nunca, sino vital.
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